~Al inicio de la segunda sesión del ciclo 20 de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), la comisión de paz de esa guerrilla expuso el desarrollo de la cuarta propuesta que presentó en torno al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito.~ Al inicio de la segunda sesión del ciclo 20 de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), la comisión de paz de esa guerrilla expuso el desarrollo de la cuarta propuesta que presentó en torno al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Dicha propuesta consiste en la creación de planes alternativos de desarrollo sustentable para los campesinos que decidan acogerse a la política de sustitución de cultivos de usos ilícitos, que permita establecer las condiciones requeridas para ingresar al programa, así como la financiación y el control que deberá hacer el Estado colombiano.

La propuesta también busca que los planes de desarrollo alternativo se planteen en cada región de acuerdo con sus condiciones geográficas, de suelo y sociales de cada territorio. Para ello, se realizarán estudios previos con el fin de determinar cuáles son estas condiciones particulares.

Estos planes también plantearán programas y proyectos para la construcción de infraestructura física y social para la comunicación, el transporte, la vivienda, la salud, la educación, la cultura y recreación, así como programas en favor del medio ambiente y la recuperación de territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Financiación estatal y privada de planes de desarrollo

Los campesinos que se acojan al programa realizarían la sustitución de forma voluntaria y paulatina, de tal modo que sean las mismas comunidades del campo, a través de sus asambleas y consejos comunitarios, las que decidan sobre el tema de forma autónoma y se proscriba definitivamente toda forma de erradicación forzada.

Para ello, la propuesta contempla que el Estado haga uso del presupuesto general de la Nación para financiar, no sólo los proyectos de sustitución de cultivos, sino también la vida diaria de los campesinos que se acojan al programa, hasta que sus cultivos alternativos empiecen a generar ganancias por sí solos.

Para ello proponen la creación de un Gran Fondo Nacional cuyas fuentes de financiación serían tanto públicas como privadas e internacionales:

a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo.

b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación.

c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, que vendría después de la eventual firma de un acuerdo de paz.

e) Recursos provenientes de la suspensión de los programas de aspersión aérea con agentes químicos y la erradicación forzada.

f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores de las drogas ilícitas. También de parte de las ONG que traten el tema de las drogas ilícitas.

g) El programa también contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los departamentos y municipios comprometidos en su implementación. Los campesinos que trabajen en la promoción de este programa serían remunerados por el Estado.

Todo lo anterior sería supervisado por las entidades y autoridades nacionales, así como por organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de la Unasur, y otras organizaciones y Estados que se quieran unir al programa.

Estas entidades deberán presentar informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa, así como podrán hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento.