Desde primeras horas de la mañana de este martes 20 de febrero, se encuentra cerrada la vía Pamplona-Bucaramanga en el sector 'la frontera' en el kilometro 105.
Los habitantes de esta zona adelantan una manifestación pacífica debido a la liquidación de la concesión vial Pamplona-Bucaramanga.
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Una de las exigencias de la comunidad es la presencia de William Camargo, ministro del Transporte y de Carolina Barbanti, directora de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la intención de clarificar los eventos relacionados con las mejoras realizadas en el corredor vial y proporcionar un informe detallado sobre el contrato administrado por la concesión de la vía 4G.
Frente a la situación, la Gobernación de Norte de Santander se comunicó con las autoridades competentes, entre ellos el Alcalde de Mutiscua y se inició un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la situación y activar las medidas necesarias para coordinar una mesa de diálogo con los manifestantes.
¿Qué sucede?
De acuerdo con la ANI, el proyecto Bucaramanga – Pamplona cubre una distancia de 134,2 kilómetros y contempla la construcción de 22 puentes vehiculares y 2 peatonales; el mejoramiento de un puente vehicular; la construcción de 14,6 km de calzada sencilla; el mejoramiento de 100,6 km; la rehabilitación de 19 km y tanto la operación como el mantenimiento de 134,2 km.
Obras que atraviesan los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Tona, Santo Domingo de Silos, Mutiscua y Pamplona y que tiene como fin, garantizar una conexión segura y con mayor movilidad entre los municipios de los departamentos de Santander y Norte con el centro del país.
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Sin embargo, las obras que iniciaron en 2019 y debían ser entregadas en el 2022 se encuentran paralizadas desde el segundo semestre de 2021, debido a problemas de financiación por parte del contratista, según lo señalado por la ANI y porque se han presentado varios inconvenientes y presuntas fallas en materia de planeación, destacando que una de las adversidades sufridas en la etapa constructiva fue la falta de permisos que no ha podido obtener el contratista de las obras, para poder ingresar maquinaria hasta zona rural de Floridablanca, en donde se diseñó uno de los tramos más polémicos de este corredor vial.
Lyda Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la ANI, manifestó a La Opinión que a pesar de que estuvieron adelantando todas las gestiones por más de un año, para salvar el contrato o cederlo a otro contratista, esto no se logró y actualmente se están adelantando los trámites para liquidar el contrato de la obra, dejando afectado a la población de los Santanderes.
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