Las tensiones internas y los desencuentros entre los principales líderes de la desaparecida guerrilla de las Farc que decidieron hacer su tránsito a la legalidad e incursionar en la vida política los tiene a punto de su escisión, a tan solo un año de las próximas elecciones legislativas y presidenciales en las que participarán por segunda vez.
La situación ha llegado a tal punto que algunos de los integrantes de Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido que conformaron tras la firma del Acuerdo de Paz, le pidieron ya al Consejo Nacional Electoral (CNE) permitir su división y crear uno nuevo.
En vista de la situación, el Gobierno Nacional decidió anticiparse y lanzar una advertencia a los militantes de esta colectividad, en el sentido de que esa división que plantean no los habilita para meterse en la pelea por las 16 curules de paz revividas recientemente por la Corte Constitucional.
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“De cara a la creación de las 16 curules en la Cámara de Representantes, hemos solicitado a las autoridades electorales velar para que estas curules sean garantizadas únicamente para las víctimas. Es decir, que los excombatientes de las Farc, cualquiera que sea el partido político, no podrán acceder a las curules de las víctimas en el Congreso de conformidad como lo establece el Acto Legislativo”, señaló Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización.
El funcionario manifestó que, si bien el Gobierno no se opondrá a que el CNE admita la escisión del partido Comunes, es necesario que haya claridad entre los excombatientes, de que no tendrán opción de aspirar a las curules especiales que se elegirán el próximo año en los territorios más afectados por el conflicto.
Para Archila, la interlocución con los desmovilizados no está sujeta a la pertenencia de un partido político, pero precisó que la prioridad en el escenario electoral que se presentará en 2022 y 2026, es respetar los derechos fundamentales de las víctimas.
Como se ha dicho, estas nuevas circunscripciones fueron diseñadas como parte del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, en Cuba, con el fin de darle voz en el Congreso a aquellas regiones más golpeadas por el accionar de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, la elección tendrá unas consideraciones especiales y por eso los candidatos solo podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas o sociales, incluyendo las de mujeres, y grupos significativos de ciudadanos.
De la misma forma, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, incluido el Partido Comunes, no podrán presentar candidatos para estas curules. La votación de las cabeceras municipales también queda excluida.
La decisión de revivir estos escaños, después de tres años de permanecer en el limbo, abrió nuevamente el debate entre quienes no son partidarios del Acuerdo de Paz, pues señalaron directamente a los exintegrantes de la guerrilla como uno de los beneficiaros.
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El mismo presidente de la República, Iván Duque, durante la promulgación del Acto Legislativo, insistió en que se debe garantizar que estas 16 curules sean verdaderamente para las víctimas.
"Lo que necesitamos es que las personas que se han visto afectadas por la violencia realmente tengan esa participación", dijo.
Por ahora, todavía no se conoce un pronunciamiento del CNE sobre la petición que elevó un grupo de dirigentes de Comunes, entre los que figuran Victoria Sandino, Israel Zúñiga y Joaquín Gómez, quienes de tiempo atrás se han apartado del bloque mayoritario que atiende las orientaciones de Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo.
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