Con el ánimo de trabajar en conjunto y avanzar en la búsqueda de los cerca de 4.700 casos de desaparición forzada que se registran en Norte de Santander, organizaciones sociales del Catatumbo y del departamento le hicieron entrega a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de 50 casos de víctimas de este delito cuyo paradero aún es incierto y sus familias exigen avances en el proceso de ubicación y rastreo.
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La presentación se dio en el marco del foro regional ‘Catatumbo contribuye a la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas en Norte de Santander’, liderado por Ascamcat y respaldado por la Fundación Progresar, Asfades, Poderpaz, Asomuc, la Mesa Amplia de Desaparición Forzada, las familias buscadoras, entre otros, y en el que se hizo un análisis en perspectiva de los desafíos de la búsqueda y los avances conseguidos hasta el momento en la región.
En este escenario, igualmente, las organizaciones hicieron entrega de información detallada sobre 10 puntos de interés forense en la zona del Catatumbo, con coordenadas y datos importantes que pueden contribuir con el proceso que adelanta la UBPD en la zona.
Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, explicó que algunas de estas ubicaciones ya fueron corroboradas por la Unidad y en los próximos días podría iniciar la recuperación de cuerpos. Otros de los puntos reportados serán intervenidos en 2025.
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El líder campesino dijo que parte de esta información recolectada es producto del trabajo que vienen adelantando con los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes se han sumado a la labor de la Unidad de Búsqueda, con datos relevantes sobre la ubicación de fosas comunes.
“Esperamos que el gestor de paz que ha autorizado el Gobierno, como es Salvatore Mancuso, quien tuvo que ver mucho con el conflicto, aporte verdades e información valiosa a este proceso de búsqueda con coordenadas y puntos de interés que venimos exigiendo”, manifestó.
De acuerdo con la información entregada por las organizaciones, los 50 casos presentados a la UBPD corresponden a víctimas de los ocho municipios PDET del Catatumbo, principalmente, Tibú, Sardinata, Hacarí, Convención, El Carmen y Teorama, y a hechos presentados entre los años 1997 y 2012.
Una de esas víctimas de desaparición es Jairo Antonio Galvis, un agricultor de San Calixto a quien su mamá, María Celina Ortega, continúa buscando 17 años después, luego de que decidiera trasladarse a Cúcuta a probar mejor suerte en la zona de frontera y nunca más volviera a tener rastro de él.
María Celina asegura que la entrega de la documentación sobre el caso de su ser querido a la Unidad de Búsqueda es una esperanza en el largo trajinar que ha representado su localización, pues son muchos años tocando puertas y esperando respuestas que nunca llegan.
“Ojalá estos documentos que estamos entregando se hagan realidad y no se quede en el papel, porque nosotros lo que queremos son respuestas”, dijo.
Según las cifras oficiales, de las 4.670 personas desparecidas de las que se tiene registro en Norte de Santander, 2.803 son del Catatumbo. El municipio con más afectados por este flagelo es Tibú, con al menos 1.586 casos.
Agilizar la búsqueda
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas destacaron el trabajo que vienen adelantando las organizaciones sociales, de víctimas, los defensores de derechos y la comunidad del Catatumbo, para contribuir con el proceso que adelanta la entidad, pues señalaron que esto permite agilizar el trabajo de localización.
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Rosa María Pérez, experta técnica de la UBPD que acompaña la búsqueda desde el Plan Regional Catatumbo, señaló que iniciativas como estas ayudan en gran medida no solo a difundir el mandato y la misión que cumple la Unidad, sino a que se pueda dar respuesta mucho más pronto a los familiares que desean saber dónde está su ser desaparecido.
“Nosotros ya venimos agilizando con muchas de estas familias los espacios de pedagogía y diálogo inicial de ampliación de información. Entablamos un diálogo un poco más cercano con los familiares y empezamos a corroborar la información que aportan las familias, para luego empezar a triangular esa información, con aportantes, miembros de la comunidad, actores del conflicto y otros involucrados”, explicó Pérez.
Junior Maldonado indicó que, con el fin de fortalecer el trabajo de la Unidad, le están pidiendo al Gobierno Nacional robustecer su capacidad de respuesta.
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