La senadora Lorena Ríos Cuéllar, del partido Colombia Justa Libres, es la vicepresidenta de la Comisión Séptima del Senado y una de las ocho congresistas que tiene en cuidados intensivos el proyecto de reforma a la salud que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, por considerar que lo que se plantea allí tiene fallas estructurales que más que preservar la vida, lo que conlleva es todo lo contrario.

En entrevista con La Opinión, la congresista cucuteña explicó las razones por las cuales decidió presentar ponencia negativa, con proposición de archivo, del proyecto y aseguró que su posición se mantendrá hasta el final.

Ríos señala que la decisión adoptada no obedece a una jugada en contra del Gobierno y descartó el respaldo a una ponencia alternativa, como la que están proponiendo algunos sectores para salvar una de las principales apuestas del jefe de Estado.

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¿Por qué decidió presentar ponencia negativa de la reforma a la salud?

En esta legislatura tengo la vicepresidencia de la Comisión VII del Senado y desde allí hemos hecho seguimiento a la reforma desde el inicio. Como tengo una experiencia técnica, siempre encontraba que los conceptos que nos sustentaban no eran coherentes. Cuando el texto definitivo llegó desde la Cámara de Representantes las alertas continuaron y, en mi calidad de ponente del proyecto, propuse que se hicieran unas mesas técnicas, cada una con temas estructurales del sistema en las que participaron expertos en salud, pacientes y usuarios, académicos, centros de pensamiento y, por supuesto, el Gobierno Nacional. Esas mesas sacaron a la luz que, definitivamente, todas las respuestas que necesitábamos tener del Gobierno en el proyecto de reforma a la salud no se cumplían. Entonces, al final, nos unimos varios que teníamos la visión de construir una ponencia negativa y presentamos en conjunto una sola.

¿Cuáles son los aspectos más negativos que, en su criterio, tiene el proyecto del Gobierno?

Esta reforma es antitécnica, inconstitucional, regresiva e inconveniente. Sin duda, afectará la vida y la salud de millones de colombianos. Este proyecto ha generado gran incertidumbre entre los pacientes, especialmente entre aquellos que padecen enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas y raras. Son millones de familias alrededor de estos pacientes que van a estar sufriendo, porque no van a tener ni cómo pagar los medicamentos y eso lo que genera es muerte. Lo que supuestamente es un sistema para proteger la vida, no lo está siendo.

El Gobierno Nacional aún no acata lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto de pagar las deudas a las EPS, el giro oportuno de los presupuestos máximos y el ajuste de cálculo de la UPC. En resumen, es el Gobierno quien tiene al sistema desfinanciado y esta afirmación la pruebo con uno de los aportes que dejé en el informe de ponencia negativa, en la que demostré que la UPC es insuficiente. Luego de analizar cuatro estudios muy serios y hacer unos cálculos entre los años 2019 y 2023, el desfinanciamiento del sistema llegó a ser de 6 billones de pesos.

Si la reforma no tiene aval fiscal y es insostenible financieramente, como ustedes argumentan, ¿lo que le está prometiendo el Gobierno a los colombianos es una ilusión?

Es una ilusión que terminará siendo una pesadilla. A la fecha no solo no contamos con aval fiscal, sino que no sabemos cuánto vale todo esto ni con qué recursos se va a pagar. Contrario a lo que nos han querido hacer creer, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud es vital. No quiero si quiera imaginar lo que sucedería si el sistema colapsa porque no hay cómo sostenerlo.

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¿Por qué esta iniciativa, que es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, no resuelve los retos del sistema de salud actual?

Como lo he dicho en varias oportunidades, no podemos borrar de un plumazo los avances que ha tenido el sistema en 30 años. La Corte Constitucional es clara en su reiterada jurisprudencia sobre el principio de progresividad y la expresa prohibición de no regresividad en materia de derechos fundamentales. Es un despropósito querer regresar a la época del Seguro Social. Por otra parte, pretende ordenar funciones y competencias a los entes territoriales, sin un estudio adecuado de capacidades. El modelo planteado no garantiza el acceso efectivo al servicio de salud, hay serios problemas en su diseño y vamos a perder capacidad de respuesta.

Es decir, si hoy vemos algunas demoras y barreras de acceso, será peor por la fragmentación. Los niveles de baja, mediana y alta complejidad van a poner en riesgo la capacidad de atender personas que requieren acceso inmediato a servicios de salud.

¿Y cuál es la mayor consecuencia que podría traer un modelo así?

Una de las grandes preocupaciones es la pérdida de la protección financiera de los pacientes con enfermedades de alto costo. Con la reforma propuesta, el modelo de aseguramiento cambia y los recursos se redistribuyen desfinanciando los estándares de atención. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica en condiciones de vulnerabilidad tendría que pagar cerca de 32 millones al año, que es lo que cuesta su tratamiento. ¿Cómo lo va a pagar? Ocurre un caso similar con los pacientes diabéticos, cuyo costo anual está entre los 3 y 7 millones de pesos. Estamos hablando de, al menos, 5 millones de colombianos que padecen estas enfermedades.

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La Comisión Séptima del Senado adelantó siete mesas técnicas para escuchar a los distintos sectores sobre los pros y contras de la reforma, ¿lo que surgió de allí fue tenido en cuenta por el Gobierno?

La realidad es que no. Tan cierto es que, faltando dos mesas técnicas por hacer, cuatro colegas presentaron ponencia positiva. Entonces, ese fue un mensaje contundente: no nos importan las mesas y eso nos dejó muy desconcertados, pero entiendo que es la dinámica política.

¿Hay algo que rescatar de esta reforma?

Más que puntos a rescatar, en medio de la discusión hemos identificado importantes acuerdos respecto de algunas de las propuestas que plantea el Gobierno, pero es importante reiterar que la política pública requiere de un diseño adecuado para que su implementación sea viable y efectiva. Es importante la inversión en infraestructura rural y urbana. Es necesaria la atención primaria con enfoque preventivo. El sistema ha avanzado mucho en sus capacidades resolutivas. Y no podemos desconocer que los equipos extramurales son una buena alternativa para atender la ruralidad. Estoy de acuerdo con el giro directo, pero no como lo plantea la reforma, sino creando una plataforma integrada para la totalidad de los pagos, con tecnologías de la información para tener agilidad en las auditorías y evitar que existan fraudes en el sistema.

Claro que debemos hacer un esfuerzo para tener más profesionales en salud en el país; garantizarles a nuestros médicos, enfermeras y especialistas mejores condiciones laborales, jornadas de trabajo más cortas, acompañamiento en materia de salud mental, educación continuada para que puedan apropiar las mejores prácticas médicas resolutivas. Pero la reforma no apunta en esta dirección, no resuelve los problemas y más grave aún, no ha cuantificado los recursos para lograrlo.

¿Por qué se debería entender la decisión que tomaron como una verdadera preocupación frente a lo que se propone en el articulado y no como una jugada de la oposición?

En primer lugar, yo no soy oposición. Desde el primer día mi declaración política fue de independencia y mi actuar durante estos casi dos años, así lo ha demostrado. Por otra parte, siempre manifesté que no iba a apoyar una reforma que pusiera vidas en riesgo y es justamente eso lo que se observa con esta reforma.

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El Gobierno se está moviendo para salvar la reforma, ¿hay algún riesgo de que la ponencia negativa dé un giro inesperado?

No lo creo. Los ocho firmantes de la ponencia negativa que propone el archivo de la reforma hemos sido enfáticos en que nos mantendremos en esta posición. Esta reforma debe ser archivada para poder construir desde lo construido, en atención a las realidades y necesidades de nuestro país. Hay que construir un consenso nacional con la participación de todos los actores del sistema, porque si no, no va a funcionar.

¿Qué piensa de que haya una ponencia alternativa, como se ha planteado?

Sigue siendo un riesgo, que no voy a apoyar. Tengo entendido que el senador Fabián Díaz presentará su ponencia alternativa, la cual entraría a discutirse en tercer lugar, ya que por Ley 5, la primera ponencia en discutirse siempre es la de archivo, y las demás se discuten en el orden en el que fueron radicadas. Aquí hay que entender que la falla es estructural; no  se trata de cambiar un artículo, o un número. Se afectan unos derechos adquiridos y unos avances en el sistema.

¿Le preocupa que la juzguen o la cuestionen por haberse opuesto a este proyecto?

No, mi compromiso es con los colombianos, no con políticos. Además, tengo la tranquilidad de haber hecho un trabajo responsable y con todo el respeto hacia los actores del sistema y el Gobierno Nacional.

Si el Gobierno Nacional hubiera buscado un consenso, ¿la reforma a la salud hoy tendría alguna opción de salir adelante en el Congreso?

No, porque la reforma tiene problemas estructurales, no hay forma de remendarla. Una reforma al sistema actual de salud debe ser construida desde cero, basándonos en los avances y en lo ya construido, buscando mejorarlo y fortalecerlo.

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