Quince años después de perder a sus seres queridos a manos de la Fuerza Pública y de que sus nombres fueran mancillados, al señalarlos de guerrilleros o delincuentes, los familiares de 31 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tentativa de homicidio, violencia sexual y amedrentamiento en Norte de Santander, finalmente escucharon el ofrecimiento de perdón que habían estado esperando durante tanto tiempo por parte del Estado colombiano.

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El encargado de pedirlo, en nombre del Estado, fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ante decenas de personas reunidas en el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero, de Ocaña, y tras nombrar una a una las víctimas y las fechas en que fueron asesinadas, señaló públicamente que lo sucedido fue “una vergüenza” y que nunca más se deberá repetir.

“Estoy aquí para decirles a ustedes en nombre del Estado: perdón, nos avergüenza lo que se ha hecho. Estamos aquí para decir que sus padres, hijos, esposos no murieron por hacer nada malo, no los mataron en combate, porque fueran guerrilleros o porque fueran críticos frente a un sistema”, manifestó Velásquez.

El delegado del Gobierno Nacional fue enfático en advertir que el de ayer no era un acto rutinario más, ni se va a convertir en eso, y que tampoco llegó hasta esta zona del país para cumplir simplemente una orden judicial.

“Vengo ante ustedes porque represento a un gobierno, a un presidente que siempre señaló como un delito contra la humanidad las ejecuciones extrajudiciales”, señaló.

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Dijo que la no repetición no es una palabra más ni una frase, sino un proceso de construcción. “Esperamos que ese proceso de construcción sea efectivo y hechos como estos no se vuelvan a cometer jamás. Desde el Gobierno, los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, unimos nuestra voz a la de ustedes para decir también, nunca más”, enfatizó.

Junto al ministro de Defensa estuvo el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien se unió a la solicitud de perdón, al reconocer que hombres de la institución se alejaron de su actuar y de los principios y valores de la misma.

‘No hay asomo de compasión’

Aunque son años de sufrimiento y de revivir permanentemente las desgarradoras historias que los marcaron para siempre, los familiares de las víctimas decidieron atender el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón, para hacer pública la pesadilla que padecieron en 2008, cuando se presentaron los conocidos falsos positivos perpetrados por miembros de la Fuerza Pública para mostrar resultados operacionales.

La vocera de las víctimas, Eduvina Becerra Flórez, en un enérgico pronunciamiento y con lágrimas en sus ojos clamó por justicia y porque esos crímenes no queden en la impunidad.

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Dijo que están cansados de tantas mentiras y evasivas por parte del Estado, y solicitó el esclarecimiento de la verdad, que haya restauración, indemnización y evitar la estigmatización, pues asegura que la persecución está latente.

 “No hay ningún asomo de compasión hacia las personas que torturaron a nuestros seres queridos. Ellos no tuvieron piedad y se debe destituir fulminantemente a esos individuos de corazón negro y amargo”, precisó.

Dijo que no están dispuestos a perdonar, ya que el único que puede conceder ese beneficio es Dios y los militares deben pagar por esos crímenes cometidos en el país.

‘Soldadito de mi patria, no me mates’

Durante la audiencia de perdón se escucharon escalofriantes relatos  por parte de las víctimas que dicen no entender todavía la arremetida que sufrió la población campesina.

Antonio Peña, campesino de Hacarí, sacó fuerzas y con rabia e impotencia le dijo un par de verdades a las Fuerzas Militares. “A mi hermano lo torturaron, lo estrangularon y le pegaron 30 tiros de fusil. Nosotros somos campesinos honrados, no le hacemos mal a nadie y nunca escucharon el clamor para que no lo mataran”, señala.

Censuró la forma como acribillaron a la gente simulando un combate para ganarse una medalla, días de descanso o un ascenso. “A esos héroes de la patria no les pedían litros, sino ríos de sangre campesina”, exclamó.

Por su parte, el portavoz de los labriegos, abogado Álvaro Marulanda, expresó las angustias vividas en las tierras del Catatumbo.

Pidió una explicación a la existencia de “empresas macro criminales, cuyos hechos fueron planeados, ejecutados y encubiertos por los mismos funcionarios que debían proteger nuestras vidas”.

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Además, hizo un llamado a los grupos armados al cese de hostilidades de la población civil y que se detenga el reclutamiento de menores.

Dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz debe determinar esos crímenes de lesa humanidad y de guerra. “Es compromiso de responsabilidad moral del Ministerio dar una solución a todas las inquietudes planteadas. La sociedad en sí ha sido maltratada por una institución respetada por más de dos siglos y ha cometido el deshonor de fallarnos a nosotros los ciudadanos”, agregó.

 “Yo he estado durante muchos años buscando los restos óseos de mi hermano Martín Marulanda Calixto, hemos tenido muchos obstáculos. Exigimos que solicite usted a la fiscal 125 de exhumaciones de Cúcuta que se comprometa a revisar uno por uno los ADN de los falsos positivos encontrados en el cementerio de Las Liscas, que por una irresponsabilidad de entregarlos fue enviado de una forma trocada a otra familia”, recalcó.

Los familiares de las víctimas recordaron a los excomandantes de la Brigada Móvil No.15, el coronel Santiago Herrera, y el Batallón de Infantería Santander Álvaro Diego Tamayo, quienes admitieron la participación en el asesinato de jóvenes de Soacha, trasladados a Ocaña con engaños vinculados falsamente como integrantes de grupos armados en el Catatumbo.

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