La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicó recientemente la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022, donde aparece Cúcuta entre las seis ciudades con mayor tasa de homicidios por número de habitantes en Colombia,y ocupando el lugar número 49. 

De acuerdo al ránquin, el año pasado en el área metropolitana de Cúcuta hubo 296 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que la ubicó  sexta en las ciudades colombianas que ingresaron a la lista, por detrás de Cali, Santa Marta, Cartagena y Palmira.

Desde el año 2019, cuando Cúcuta ocupó el puesto 44, han registrado un leve descenso. Aunque para el 2020 se ubicó en la posición 43 de la lista de ciudades más violentas, en el año 2021 llegó al puesto 46 y el año pasado, dos lugares por debajo.

Si bien, no es la ciudad colombiana con mayor tasa de homicidios, el comportamiento que ha tenido este delito continúa siendo preocupante, por cuanto no se ha logrado en los últimos años detener el flagelo de violencia, en particular de los asesinatos que en este año parecen ir en alza.  

Dominio de territorios

El economista Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, considera que frente al tema de la seguridad corresponde mirar más allá de los datos objetivos que corresponden a estos estudios que miden la tasa de criminalidad. 

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Explicó que si bien el índice refleja reducciones o aumentos leves en la tasa de homicidios, preocupa el incremento que esto delito tuvo en el área metropolitana de Cúcuta en el primer mes del año.

Además de la percepción de seguridad de los ciudadanos frente a los hechos delincuenciales, afirma que hay casos concretos que expresan la lucha entre grupos al margen de la ley por el dominio de territorios, directamente relacionados con casos de narcotráfico. 

Para Zambrano las administraciones municipales están limitadas ante el control de estos fenómenos propios de los territorios metropolitanos, pero muy particular de las zonas fronterizas.

En este particular, apunta que el control no puede ser solo del Estado colombiano, sino que exige una acción coordinada con el gobierno venezolano, un tema que considera se pasó por alto en el diálogo binacional para la apertura de frontera. 

En serio deterioro 

Jorge Mantilla, politólogo e investigador en Conflicto y Crimen Organizado, opina que fuera del estudio y los resultados del ránquin, es un hecho cierto que la seguridad en Cúcuta se ha venido deteriorando de manera acelerada durante los últimos años.

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Para el experto, además del cierre de frontera entre Colombia y Venezuela que tuvo un impacto sobre las dinámicas de criminalidad del área metropolitana, se debe considerar la recomposición del escenario de conflicto en el Catatumbo.

Señaló que la influencia que ejercen estos grupos armados al margen de la ley ha tenido un impacto en la zona rural de Cúcuta y sus comunas. 

Para Mantilla, aunque no se deben desestimar los delitos de homicidios, es necesario apreciar otros como la extorsión, que son indicadores del deterioro de la seguridad en la zona fronteriza.

‘Los resultados son errados’

Por su parte, Kenny Sanguino Cuéllar, profesor investigador de la Universidad Libre, cuestionó los resultados del ránquin de las 50 ciudades más violentas porque, según señaló, se hizo un cálculo con menos habitantes de los que el DANE proyecta en el Área Metropolitana de Cúcuta. 

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Indicó que enfocarse en un ránquin “mal construido” conduce al error de pensar que el único problema de seguridad de Cúcuta es estar en ese cuadro estadístico. 

Para Sanguino, en Cúcuta se derivan tres dinámicas de violencia distintas: la violencia de la zona rural, la de la zona urbana y la de la línea fronteriza que aunque tiene un origen común, se comportan de manera distinta. 

Entendiendo que al moverse de forma diversa requieren una respuesta distinta, considera que hay una gran debilidad de las instituciones locales en materia de seguridad por la ausencia de articulación de políticas y programas preventivos.  “Se realizan frecuentemente consejos de seguridad donde las instituciones hablan, pero no se escuchan ni se hace seguimiento de las medidas acordadas”, dijo.

Por último, expresó que aunque la zona de frontera propicia conductas delictivas particulares, los problemas de seguridad no pueden dejarse solo a la Policía. 

“Hay muchas otras instituciones públicas (Personería, Defensoría, Fiscalía, Jueces) y de las sociedad civil que deben trabajar de forma conjunta (Liderazgos comunitarios, defensores de Derechos Humanos, organizaciones sociales)”, agregó.

En aumento

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta ha sido fundamental el contacto directo con las administraciones de los municipios metropolitanas para el desarrollo de estrategias encaminadas a combatir el crimen.

Así lo explicó el Teniente Coronel Francisco Javier Narvaez, comandante operativo de la Mecuc, quien mencionó que de la misma forma han mantenido una conexión con la administración de justicia en la rama judicial, para apoyar el trabajo investigativo. 

“Realizamos programas metodológicos de acuerdo a las funciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y nuestra Seccional de Investigación Criminal (Sijín)”, apuntó. 

Indicó que a esa parte operacional de investigación judicial se articula la atención primaria que realizan los policías en el modelo de vigilancia junto con la de prevención  y educación ciudadana que trabaja de forma directa con la comunidad.

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“Esto nos ha permitido atacar importantes estructuras criminales y de economía criminal”, agregó.
Narváez señaló que la mayoría de los homicidios en el Área Metropolitana de Cúcuta están ligados a la producción, venta, distribución y consumo de estupefacientes. 

Este año, la Mecuc ha practicado 13 capturas por el delito de homicidio. Sin embargo, hay un incremento del 26% con respecto al 2021, con corte a este 22 de febrero. Para esa fecha se habían registrado 54 asesinatos que se comparan a los 43 del año anterior, para la misma fecha. 

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