Casi cuatro años después de que la Procuraduría iniciara una investigación contra el exgobernador William Villamizar Laguado por las presuntas irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo entre la Gobernación y la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, ingeniería y Telecomunicaciones Niu Telco S.A.S, para llevar internet a 128 sedes educativas, el proceso fue archivado.

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La actuación disciplinaria comenzó en enero de 2020, luego del escándalo que estalló en el departamento a mediados de 2019, por cuenta de la millonaria contratación que canalizó el departamento  a través de esta empresa de capital mixto.

A raíz de las denuncias hechas en su momento por los medios de comunicación, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda para la Contratación Estatal decidió poner sus ojos sobre uno de los contratos interadministrativos, el No. 01805 del 26 de junio de 2019, cuyo objeto era: “Garantizar el servicio de conectividad a internet en 128 sedes educativas oficiales del departamento, mediante los lineamientos del programa de conexión total establecido por el Ministerio de Educación Nacional”, y que estaba estimado en más de $1.600 millones.

Esto, con el fin de determinar si la administración departamental, en cabeza de Villamizar Laguado, había incurrido en posibles irregularidades a la hora de escoger la modalidad de selección para adelantar el proceso contractual, así como el contratista.

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Sin embargo, durante el análisis de las pruebas, la delegada del Ministerio Público encontró que el estudio de conveniencia y viabilidad publicado en Secop I demostró que la modalidad de contrato interadministrativo que se aplicó sí resultaba más favorable en la relación costo-beneficio.

Esto, “en el sentido que permitía prestar el servicio de conectividad a mayor cantidad de sedes educativas (128) en comparación con un proceso adelantado por la modalidad de licitación pública con el cual solo se beneficiaría a (122) sedes educativas manteniendo las mismas especificaciones técnicas y valores en ambas modalidades”.

Dicho estudio también dejó en evidencia que la propuesta económica presentada por Niu Telco resultaba más beneficiosa en términos de eficacia, eficiencia y economía”.

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“Además, mediante acta de liquidación del 19 de julio de 2021, se evidencia que el negocio jurídico de la referencia se encuentra actualmente liquidado, toda vez que se cumplió a satisfacción el objeto contractual”, dice el fallo de la Procuraduría.

Así las cosas, el ente de control consideró que al no comprobarse una presunta irregularidad en la adjudicación y ejecución del contrato, la actuación disciplinaria no podía continuar su curso y por esa razón se ordenó su archivo definitivo.

“(…) según el material probatorio obrante en el plenario no se evidencia irregularidad relacionada con el contrato interadministrativo No. 01805 del 26 de junio de 2019, circunstancia que impide proseguir con la actuación disciplinaria”, señala el documento conocido por La Opinión.

Allí se agrega que el objeto contractual fue desarrollado a cabalidad y actualmente se encuentra liquidado, el objeto social del contratista se ajustó al objeto contractual y no hubo evidencia alguna que demostrara la existencia de alguna irregularidad al momento de suscribir el contrato.

Compulsa de copias

Aunque la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda para la Contratación Estatal ordenó el archivo definitivo del proceso que cursaba contra el exgobernador y candidato nuevamente a ese cargo, esta ordenó la compulsa de copias por una información  sobre el proceso que nunca se entregó.

Según se puede leer en el auto, en enero de 2020 pidieron el envío de documentos relacionados con el contrato interadministrativo investigado, al igual que de Niu Telco, pero el CD presentado estaba vacío.

El pasado 19 de septiembre solicitaron nuevamente esta información a la Gobernación de Norte de Santander, pero nunca fue entregada.

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De ahí que le pidieron a la Oficina de Control Interno Disciplinario, “adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para establecer si existe una presunta responsabilidad de funcionarios por determinar, por no enviar la información solicitada”.

Por el sonado escándalo de los contratos de Niu Telco, y más precisamente por el convenio de bilingüismo, cuyo valor se acercaba a los $12.000 millones y frente al cual hay otro proceso en curso, William Villamizar no pudo terminar su segundo periodo como mandatario del departamento, toda vez que finalizando agosto de 2019 la Procuraduría General de la Nación lo suspendió por tres meses. Esta medida fue ampliada hasta el 31 de diciembre de ese año, fecha en que terminaba su mandato.

Al ser consultado sobre el archivo del proceso en su contra, el exgobernador y candidato se mostró satisfecho con la decisión y dijo que si la Procuraduría resolvió cerrar la investigación por este contrato suscrito entre la Gobernación y Niu Telco, es porque se procedió legalmente, porque la empresa sí estuvo bien conformada y el contrato se ejecutó bien.

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