Desde hace varios meses, los habitantes del Catatumbo que devengan su sustento de los cultivos ilícitos enfrentan una crisis que por décadas no experimentaban, pues en este momento no hay quién les compre la cocaína y la falta de dinero ha hecho que cada vez sea mucho más complejo llevar la comida a sus hogares.

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Aunque resulte paradójico, la región que hoy en día ocupa el primer lugar a nivel nacional con la mayor área sembrada de hoja de coca (40.084 hectáreas), atraviesa una suerte de “recesión económica cocalera”, lo que ha hecho que muchos insistan en que es este el momento para afianzar la sustitución.

Y es que como lo contó La Opinión hace unos días en un informe especial sobre la situación de la coca en el Catatumbo, el cambio de Gobierno y su apuesta de ‘paz total’, el aumento en el costo de los insumos para procesar la hoja y convertirla en base, la extradición de grandes jefes narcotraficantes, entre otras razones, han creado un escenario propicio para que finalmente sea posible dar el salto de una economía ilegal a una legal en esta subregión de Norte de Santander.

Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es partidario de que la crisis económica que se vive hoy en la zona, es la oportunidad que por mucho tiempo han esperado para que las familias cultivadoras puedan transitar a otras economías.

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“Es un momento clave, por eso nosotros nos vamos a reunir para analizar el panorama y hacer algunas propuestas al Gobierno Nacional. La situación económica que vive la región es propicia para fortalecer los programas de sustitución, pero sobre todo generar inversión social que le permita a la gente, de verdad, salir de la ilegalidad”, dijo.

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un reciente análisis sobre lo que viene ocurriendo en el Catatumbo con la comercialización de la coca, también coincidió en que esta crisis “es una oportunidad para que el Estado gane espacio, pasando de las promesas a los hechos”.

“Para encontrar las claves que permitan avanzar en este propósito ya hay un camino recorrido. Las comunidades y sus líderes, las administraciones locales y la gobernación, la iglesia, grupos de mujeres y jóvenes han venido pensando e imaginando El Catatumbo. Parte importante de esta conversación se ve reflejado en la “Hoja de Ruta” del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como parte de la implementación del Acuerdo de Paz”, recordó Garzón.

¿Le llegó la hora al PNIS?

Hace cinco años, como resultado del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en La Habana, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Este ambicioso plan fue concebido, entre otras razones, con el propósito de, “Promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas”.

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Sin embargo, más allá de frenar el auge de esta economía ilegal, el programa terminó convertido en una ilusión y a la vez que crecían los cultivos, crecían también los incumplimientos.

En el caso de Norte de Santander, desde 2017 a la fecha tan solo 2.998 familias han sido vinculadas al programa, en apenas dos municipios (Tibú y Sardinata), y las inversiones para quienes decidieron acogerse a la sustitución estuvieron por el orden de los $30.092 millones. Esta región es una en la que menos recursos se comprometieron con ese fin.

A nivel nacional, un informe elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que el PNIS estaba a mitad de camino en su ejecución y uno de los aspectos claves en el proceso, como lo son los proyectos productivos, al 31 de diciembre de 2021 apenas iban en un 13%.

Además, de los 16.855 recolectores inscritos en el plan, hasta mayo pasado apenas 7.353 (43%) estaban vinculados al Plan de Atención, lo cual también aumentó la desconfianza.

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“La implementación a ritmo lento de los PDET y la falta de una estrategia clara de transformación territorial, han dejado al PNIS sin piso para avanzar”, advirtió la FIP.

La lentitud del proceso, el fantasma de la desfinanciación y la pérdida de confianza por parte de los cultivadores ha dejado servidas muchas inquietudes sobre la suerte que deberá correr el Programa en el actual gobierno y lo que debería pasar con la sustitución en regiones como el Catatumbo, en momentos en que se empiezan a dar las condiciones para apostarle a esta salida.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, señaló que este sí es un momento favorable para generar una estrategia de sustitución en la región, por cuanto hay un clima político a favor que se fortalece con la legitimidad que tiene el Gobierno entre el sector campesino, además de la coyuntura especial que se vive por la falta de comercialización de la pasta base.

No obstante, para Quintero, más allá del PNIS, lo que se debe hacer cuanto antes es definir una nueva estrategia por parte del Gobierno para consolidar la sustitución y que contemple no solo un beneficio individual, sino también un impacto colectivo a la comunidad.

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“El impacto de la sustitución de los cultivos no va a ser rápido con el PNIS, este programa aunque está diseñado y contempla medidas de impacto colectivo, no se ha concebido así, solamente se ha dado desde el punto de vista de los beneficios individuales. Entonces, de nada sirve que a algunas familias se les dé un proyecto productivo, si las condiciones de productividad en la vereda, la comunidad, en el corregimiento no son favorables”, opinó.

Junior Maldonado, de Ascamcat, por su parte, consideró que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito es hoy por hoy la única herramienta acordada que tiene un rango constitucional y un marco fiscal para poder ejecutarse.

Sin embargo, señaló que lo primero que se debe hacer frente al caso del Catatumbo, es evaluarla y proyectarla con base en lo que dejó el anterior Gobierno, pues las apuestas productivas de largo plazo nunca llegaron.

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“Este 28 y 29 de octubre nos vamos a reunir en Campo Dos y vamos a hacer una revisión de ese proceso. Le presentaremos al presidente una propuesta sobre eso de fortalecer el PNIS y revisar otras estrategias de sustitución que se planteen”, dijo.

Decisiones claves del Gobierno

A propósito de la continuidad o no del PNIS, la Fundación Ideas para la Paz hizo un análisis sobre la realidad de este programa y algunas decisiones que, al respecto, debería tener en cuenta el gobierno del presidente Gustavo Petro prontamente.

“Si el PNIS sigue su actual curso de acción, es poco probable que la inversión para continuar con el PAI (que solo en los proyectos productivos supera los $1.5 billones), contribuya al resultado esperado: generar alternativas económicas legales que reduzcan la pobreza y la marginalidad”, dice la FIP.

En ese sentido sugieren:

• Hacer un balance rápido del PNIS y actualizar el censo de los beneficiarios.
• Comunicar claramente la intención de continuar o no con el programa.
• Redefinir la manera de medir el “éxito” y lo que significa su cumplimiento.
• Transitar de un modelo enfocado en las familias, a uno centrado en el territorio.
• Activar el diálogo a través de las instancias de participación y generar nuevos acuerdos con los beneficiarios sobre el destino de los recursos del PNIS.
• Diseñar y proponer una ruta de intervención diferenciada, con metas realizables.
• Revisar los términos de los contratos y convenios con los operadores para identificar el espacio de modificación y cambio.
• Integrar a los recolectores a las iniciativas de tránsito a la economía legal.
• Conectar la ejecución del PDET y los planes sectoriales de desarrollo rural con el PNIS

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