Los ánimos están encendidos entre los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el mandatario del municipio de Ábrego, abogado Huber Darío Sánchez Ortega, debido a la escasa financiación de los programas de prevención.
El comandante de la institución de socorro, Yen Arias Arenas, denuncia la reducción de la capacidad operativa en la jurisdicción por la lentitud en la suscripción del respectivo contrato para el apoyo en la atención de emergencias.
En consecuencia, las actividades bomberiles se ven seriamente afectadas ya que no encuentran las herramientas necesarias para apaciguar los incendios y trasladar a los damnificados por desastres naturales.
Manifiesta que durante los primeros meses del año atendieron varias emergencias apagando las llamas de varios incendios forestales y no han recibido el apoyo del ente territorial.
Lea además: Ocaña, sin carne por inconvenientes en la planta de beneficio animal
En consecuencia, paralizan todo tipo de actividades para ejercer presión a una pronta solución a la problemática.
Las voces inconformes
Los bomberos resaltan el carácter de la entidad sin ánimo de lucro que depende directamente de los recursos generados y transferidos por la administración municipal por medio de un contrato de prestación de servicios como lo establece el artículo tercero de la Ley 1575 de 2012 y que a la fecha no ha sido posible suscribir por causas ajenas a la entidad, aseguran a través de un comunicado.
Ratifica el compromiso de sus hombres al mando en la línea de fuego y no aceptan la propuesta hecha por la administración local.
Rechazan el convenio propuesto por la administración municipal para la vigencia 2024 por el monto de un millón 840 mil 887 pesos, cifra recaudada a través de la sobretasa bomberil, porcentaje aportado por cada uno de los comerciantes en el momento de pagar los impuestos de industria y comercio, pero no aportes de la alcaldía.
“Lamentablemente la institución de socorro no podrá apoyar, ni atender alguna situación de emergencia con el máximo de su capacidad operativa pues ante una eventualidad que llegase a ocurrir con un integrante de la entidad el directo responsable es el comandante y por ende la administración municipal”, agrega.
Advierten que humanamente no están en condiciones de prestar el servicio ya que se requiere del mínimo vital para desempeñar el oficio. Exigen capacitaciones, dotación mínima para la protección de los voluntarios y suplir otras necesidades.
Adicionalmente, la única máquina extintora requiere mantenimiento, combustible y lubricantes para garantizar la seguridad vial durante las operaciones de rescate.
Dejan constancia que los gastos administrativos no se han podido cubrir en su totalidad en lo corrido del presente año y consideran que la administración municipal debe sufragar esos valores de los compromisos laborales y funcionamiento.
Son enfáticos al afirmar que la denominación de voluntarios no los exime de las responsabilidades plasmadas en la ley como los gastos de inversión, pago de parafiscales, seguridad social y actividades operacionales por ser un servicio esencial.
Lea además: Hacinamiento en las estaciones de Policía de Norte de Santander es de 313%
Ley 1575 de 2012, determina que los entes territoriales son los encargados de brindar todas las garantías para un buen funcionamiento y así mitigar tragedias de grandes proporciones.
Grandes exigencias
El alcalde de esa población, Huber Darío Sánchez Ortega, indica que lo ofrecido corresponde a los recaudos de la sobretasa bomberil y no tiene recursos para acceder a las pretensiones de los socorristas.
Lea además: Voraz incendio arrasó grandes extensiones de montaña en La Playa
El mandatario asegura que exigen 185 millones de pesos cuando el ente territorial es de sexta categoría y no cuenta con la capacidad para entregar esa suma de dinero. A duras penas por concepto de la estampilla pro bomberos se alcanza a recaudar 20 millones de pesos en el año.
Califica de inviable la propuesta ya que a la hora de los imprevistos se les apoya con la alimentación y el combustible de los automotores. Asimismo, la Cooperativa de Ahorro y Créditos, Crediservir, ha suministrado dotación para atender eventualidades.
“El representante legal siempre ha tenido dificultades con todas las administraciones y no acepta ninguna propuesta. La anterior construyó una moderna estación para facilitar el funcionamiento de la entidad de socorro y a estas alturas por caprichos infundados no la quieren recibir, ya que tienen reparos a todos los beneficios otorgados”, recalcó Sánchez Ortega.
La puja continúa y esa edificación está a punto de convertirse en un ‘elefante blanco’ y el caso pasó a la Procuraduría Provincial para que tome cartas en el asunto, agrega el abogado.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
