El siglo XIX nos la pasamos en la discusión, armada y desarmada, sobre cómo el estado debería hacer presencia en las regiones de Colombia. Centralistas y federalistas esgrimían sus argumentos en la punta de las bayonetas y producían frecuentemente constituciones con uno y otro énfasis. Desde la “Constitución para Ángeles”, emitida en Rionegro por personajes como Santos Acosta, José Hilario López y Eustorgio Salgar hasta la de la “Regeneración” de Núñez y Caro, ensayamos toda clase modelos aplicados sobre cadáveres de muchos combatientes caídos en las confrontaciones del Cauca, Antioquia, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Tolima.

La endiablada geografía nacional creó por siglos verdaderas comunidades regionales, mestizas, aisladas, con visión de sí mismas y de su destino. Conectar esas regiones completa y modernamente ha sido imposible hasta nuestros días: aún debatimos si las carreteras de las vías 4G y 5G son necesarias, y si el centralista señor Petro debería cumplir sus compromisos de infraestructura. Túneles que no quieren inaugurarse; viaductos que se empolvan con la desidia ministerial; aeropuertos que se tragan la plata sin avance de las obras; dobles calzadas para la competitividad frenadas por la vanidad política; concesiones amenazadas; puertos en peligro de retroceso; trenes utópicos que, como en 1997, desvían la atención; transición energética malograda que deja empezados los parques solares, deja acabar el agua, el gas natural y no paga los compromisos de generación que sí exige a los privados. Estos son apenas ejemplos del caos, otra vez caos, que promueve el actual gobierno como manera de administrar y que en el fondo esconde su talante autoritario y centralizador del manejo del presupuesto.

Se han oído voces para pedir nuevamente descentralización, la que consagró la constitución del 91 y que no hemos puesto en marcha. Ingresos y gastos para departamentos y municipios están bien enunciados pero poco desarrollados en las leyes. Hay iniciativas para reformar las regalías, la ley de presupuesto, las leyes de contratación, de educación, y el sistema penitenciario, icónicamente responsabilidad de departamentos y municipios, pero por el cual al final de cuentas nadie hace nada.

Está bien que el país se federalice gradualmente. Que haga responsables a las regiones de sus gastos y de sus ingresos. Que empodere a las regiones sobre la transparencia de sus líderes. Hasta “vacas” vemos. La justicia, la Policía y las Fuerzas Militares, junto con la política exterior y de paz, son los únicos asuntos que deberían seguir siendo manejados centralizadamente.

Pero hoy, en nuestra coyuntura política, el precio de pensar en este crucial asunto pasa por la propuesta presidencial de una Asamblea Constituyente. ¡Núñez en Rionegro! Es un precio institucional demasiado alto.
Si nos federalizamos en una ANAC, será autorizando la reelección de Petro que es la negación de la descentralización. Entregando regiones enteras a guerrillas y bandas de crimen organizado que hoy negocian la Paz Total sin rumbo ni responsabilidad. En la Constituyente, ya lo advertí, se negociarían las magistraturas y las curules, las diputaciones, concejalías y edilazgos, amén de embelecos estatizantes, no explotación de nuestros recursos naturales y entrega adicional exagerada de territorios a minorías e intereses particulares, para prolongar el régimen.

De otro lado, han avanzado procesalmente juicios sonados y vuelve el fantasma de la Ley de Punto Final: como todos somos culpables nadie lo es. ¡Borrón y cuenta nueva!

Es necesario dejar los dos debates para cuando no se dude tanto de las buenas intenciones de algunos de los proponentes. Esperar épocas futuras en las que tengamos más honestidad política, menos paranoia ideológica, un tris de amor por Colombia y vergüenza por los yerros gubernamentales.

No es tiempo de reformar el mapa, ni de perdonar Urbi et Orbi, so pena de eviscerar al país.

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