Lo que hizo el Gobierno en los días de rumba y festejo, tiene gravedad inusitada. Y pasa desapercibido en este país superficial y cobardón.
El doble ataque bonapartista al gremio azucarero y al ganadero debiera ser asunto de primera línea en los medios políticos, en la prensa, en las redes sociales, pero sobre todo en los demás gremios de la producción y los servicios. Pero nada. Aquí se acabó el coraje.
Entre villancico y villancico, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó una multa al gremio azucarero, que lo pone al borde de la quiebra. Los noventa millones de dólares por castigar la libertad de asociación y el derecho a oponerse a decisiones erradas, no los paga nadie.
Equivalen como a tres años de utilidades de todo el conjunto de los ingenios y en casos supera el patrimonio de los afectados. ¿Y cuál delito económico mereció semejante castigo?
El arrogante mozalbete que ejerce el cargo, los acusa de haberse “cartelizado” para impedir la entrada de azúcar al territorio nacional, proveniente de países que subsidian el producto, de vil calidad por demás, y que en superproducción evidente quieren meterlo a toda costa en Colombia, para escapar a su crisis.
Pero queda por ver, que fue lo que hicieron los ingenios para cumplir ese cometido. ¿Incitaron a la revuelta? ¿Atravesaron camiones en la frontera para impedir el paso de los que llegaban cargados de azúcar? ¿Sobornaron funcionarios para torcer su voluntad?¿Los amenazaron de muerte?
Nada de todo eso, por supuesto. Presentaron respetuosas peticiones con sus argumentos, esgrimieron sus razones, discutieron el asunto. Y en eso consiste la cartelización denunciada. Lo que prueba que está prohibido en Colombia opinar, pedir, discutir. Como en los tiempos de Bonaparte.
Y como todo eso está prohibido, le cayó el gobierno al gremio de los ganaderos, por oponerse a que le entreguen el campo a los narco bandidos de las Farc. Los acuerdos de La Habana destruyen la propiedad privada y transfieren la tierra a los bandidos con los que Santos negocia la República.
Y como la Federación de Ganaderos se opone a semejante despojo y a la implantación de un régimen comunista en Colombia, el Gobierno lo castiga sin clemencia.
El instrumento es ahora el Ministro de Agricultura, que sabe del campo lo que un albañil de la fisión atómica. Y aduciendo razones técnicas, le quita a los ganaderos el manejo del Fondo, que nutrido con sus contribuciones desarrolla en su beneficio actividades vitales para la supervivencia de esa industria. Otro ataque brutal a la libertad de conciencia, al derecho a la agremiación y al ejercicio de lo que llamó Joseph Follieth la sagrada función de la protesta.
Pero todavía peor que los desmanes del Gobierno, que ya se sabe qué pitos toca en materia ideológica, es el silencio, la indiferencia y la cobardía de los demás gremios. Ni una palabra de protesta. Ni un reclamo. Ni una muestra de solidaridad con la causa.
Los empresarios colombianos olvidan el sabio consejo de poner la barba en remojo cuando rasuran al vecino. Lo que hoy es con azucareros y ganaderos, mañana será con todos los demás.
Los gremios en Colombia han desaparecido. Y eso significa el fin para la empresa libre y la dictadura bonapartista en materia económica. Nada más que eso. Estamos como Cuba o Venezuela. Y lo más grave, sin que lo notemos.
