El reciente anuncio del gobierno del presidente Duque al expedir el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes en Colombia, generó todo un revuelo nacional e internacional, que solo se quedó en eso, pues el sonoro nombre, me recordó a David Sánchez Juliao, con su obra “El flecha” cuando dijo: “cipote nombre” para tres artículos. El gobierno nacional había podido expedir un documento CONPES de atención a la población migrante, y habría dado más muestras de credibilidad, en un país, donde “un documento CONPES no se le niega a nadie”.
Si alguien sabe de migrantes venezolanos somos los cucuteños, pues nuestra ciudad ha soportado el mayor peso de esta problemática a nivel mundial, y no ha recibido la compensación propia de lo que significa tener que asumir tamaña responsabilidad. Nuestra ciudad, con los peores indicadores económicos y sociales históricos, ha tenido que ver cómo los mismos se incrementan por lo que ha significado recibir a más de trescientas mil personas en un corto periodo, que inciden negativamente.
Si una familia pasa colores cuando le llegan de sorpresa algunos familiares, imagine lo que ha tenido que padecer la ciudad con la llegada inesperada y masiva de nuestros vecinos. Gracias a Dios hemos compartido durante años y nos criamos declarando: “donde comen dos, comen tres” y logramos asimilar las difíciles circunstancias mostrando un alto grado de solidaridad y poquísimas muestras de xenofobia, de lo contrario, las escenas de enfrentamientos entre grupos poblacionales serían terribles.
Desde esta columna incansablemente manifesté al gobierno Santos y luego al actual, la necesidad de reconocer el estatus de refugiados a los venezolanos, pues su salida no era voluntaria, sino producto del hambre producida por un gobierno despótico. Sin embargo, Colombia decidió trasegar por años en la negación al problema migratorio y concedió estatus provisional a los migrantes como si estuviesen de vacaciones en el país.
El “Estatuto” parece corregir el histórico error de no aceptar de cara al concierto internacional la situación de violación de derechos humanos y el desplazamiento masivo producido por el gobierno venezolano. El estatus de refugiados debe activar una ruta de protección de derechos de los migrantes, cuya corresponsabilidad es internacional. Lo anterior significa que todos los países deberán aportar recursos para atenderlos y Cúcuta está llamada a ser priorizada en la inversión social, no para caracterizar migrantes, sino para poder diseñar un modelo económico de incorporación social que permita mitigar la problemática actual.
Necesitamos generación de empleo e ingresos que logren incidir de manera positiva en la ciudad, eliminando la brecha de desigualdad social, lo cual seguramente repercutirá de manera radical en la reducción de los índices de delincuencia producidos por el ocio. Bienvenido el “estatuto” si éste se traduce en inversión para la región, de lo contrario, seguirá siendo un gran titular internacional, sin ningún efecto positivo. Por el contrario, generará una altísima expectativa del otro lado de la frontera y hará que aumente la migración hacia nuestro país. No vaya ser que nos salga el tiro por la culata.