En los últimos meses he visitado 25 departamentos y sostenido reuniones con dirigentes gremiales, empresarios y representantes de todos los sectores de la producción. Si bien la parálisis de toda actividad productiva es una constante en todo el territorio nacional, el mayor reclamo de todos ellos es la inseguridad y el orden público. 

La percepción generalizada es que estamos regresando a la situación que vivió el país en el año 2001, pero con una gran diferencia: la Fuerza Pública está paralizada, no actúa, ha perdido toda iniciativa y, por supuesto, no responde al angustioso llamado de la ciudadanía. Podría referirme uno a uno a cada departamento, pero tomaré como ejemplo Nariño, por ser el último que visité, pero en donde la situación no es muy distinta a la de Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander, entre muchos. 

En Nariño es donde quizás se ve cada vez más lejana la llamada paz total. Veamos: el Eln controla principalmente los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüi, donde están dedicados a la minería ilegal, y la región de Samaniego, donde se apoderaron de todos los espacios que dejó la desmovilización de las Farc. La Segunda Marquetalia ejerce control desde Ipiales con los llamados comandos de frontera, también en el litoral Pacífico y se disputa Tumaco con el estado mayor central de ‘Iván Mordisco’. También tiene presencia en Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Mosquera, entre otros municipios. Y el estado mayor central –EMC–, o disidencias de las Farc, dominan la región de la cordillera en Policarpa, Leyva y Rosario. 

Desde el año pasado estos tres grupos armados, divididos en 13 estructuras, entre frentes, columnas móviles y compañías, se disputan a sangre y fuego el control del territorio. Su accionar criminal está ligado directamente con las economías ilegales, particularmente con los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal en más de 240 lugares. El departamento de Nariño es el primero en producción de coca, con cerca de 60.000 hectáreas, siendo Tumaco el principal enclave, con más de 20.000. La presencia de estos actores armados ha favorecido también la deforestación y el despojo de tierras. 

Todos estos factores han incidido en el recrudecimiento de la violencia que ha generado la disputa por el control del territorio, especialmente en el litoral Pacífico, el piedemonte costero y la subregión de la cordillera. 

Los indicadores de inseguridad en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado y la trata de personas vienen creciendo, especialmente en centros urbanos y en el cordón fronterizo, en donde también hace presencia la temible organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’. 

 Los cabecillas son bien conocidos: el ‘indio Camilo’, ‘Chuqui’ y ‘Fercho’, del Eln; ‘Uriel’, ‘Diego’, ‘el Gringo’, ‘Allende’ y el ‘Caqueteño’, de la segunda Marquetalia; ‘Don Mata’, el ‘Mono’ y ‘Óscar’, del denominado estado mayor central. Los lugares bajo su control están perfectamente ubicados. Pero las autoridades poco hacen, por no decir nada. Los mensajes equívocos del Gobierno sobre negociaciones que no avanzan, fallos que no se expiden como el de la paz total pendiente en la Corte Constitucional y nuevas iniciativas que no se radican, como la de sometimiento, en mucho contribuyen a agravar día a día esta situación. La Fuerza Pública luce como un testigo impotente.  

El presidente Petro manifestó que Nariño podría convertirse en un punto experimental para avanzar en un posible proceso de paz, anuncio que, por cierto, no ha podido caer peor en el departamento. Ven con terror que se repita un nuevo Caguán. 

A esta gravísima situación de orden público se suma el deterioro de la economía regional agravada por el deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas–Cauca, que ha impedido el normal tránsito de vehículos por la vía Panamericana. Se estima que las pérdidas superan los dos billones de pesos. De los compromisos para la construcción de la doble calzada entre Pasto y Popayán, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa y la activación del puerto de Tumaco, nada avanza. 

Me he referido solo al departamento de Nariño –donde el 82 % de su población votó por Petro–, ahora convertido en laboratorio de ensayo de las políticas de la Colombia Humana. Pero si esto ocurre en el departamento más petrista del país, me pregunto a qué pueden aspirar los demás territorios.