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Economía
¡Transporte de carga al límite! Inseguridad en Norte de Santander reduce competitividad
Los costos ocultos: bloqueos, cierres viales e inseguridad tienen en crisis al transporte de carga de Colombia.
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Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros
Martes, 29 de Octubre de 2024

Los camioneros se encuentran en una dura situación por cuenta de los costos ocultos, es decir, los bloqueos, los cierres viales y la inseguridad de los que son víctimas en las carreteras de Colombia. 

Esos tres factores “están matando la productividad de los vehículos”, porque no alcanzan a hacer el mínimo número de viajes mensuales, para poder asumir los gastos, de acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, quien habló con La Opinión en el marco del International MetCoke Summit Colombia, desarrollado en Barranquilla. 

Las investigaciones del gremio ubican a Norte de Santander como el segundo departamento con más ataques al sector (vehículos quemados o retenidos, con impactos de balas, daños parciales y conductores extorsionados, amenazados, secuestrados o heridos).


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Un caso reciente fue el ocurrido en enero, en la zona rural de Ábrego, cuando un camión de la cadena Ara, que transportaba alimentos, fue interceptado por disidencias de las Farc, las cuales secuestraron al chófer y a su ayudante, al tiempo que incendiaron al vehículo, para presionar a la empresa a pagar la extorsión. Las víctimas fueron liberadas horas después, por la presión del Ejército.

“El primer dolor que manifiestan nuestros afiliados a nivel nacional es la inseguridad. Si miras el informe del Ministerio de Defensa, ha habido un deterioro en materia de seguridad. Leí otro de Indepaz, el cual señala que, de 1.103 municipios del país, en 400 hay presencia de grupos armados y, en muchos, ellos ejercen control territorial”, detalló Hernández.

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Resaltó que contabilizan más de 14 conductores asesinados en los últimos años por hurto. Afirmó que el mapa de calor de violencia de Colombia muestra, por un lado, a Chocó, Valle del Cauca y Cauca y, por el otro, a Norte de Santander, que son los “corredores del narcotráfico”.


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El director regional de Colfecar, José Peñaloza, quien asistió al evento, informó que la violencia, lamentablemente, ha estado presente desde hace mucho en el departamento, pero “se ha visto desbordada”, por lo que se requiere atención urgente de las autoridades, “porque, si no, se va a llegar a un punto donde será imposible movilizarse”.

“La inseguridad hace que nuestros conductores no quieran transitar por Norte de Santander, por ende, perdemos competitividad y participación en el mercado”, recalcó Peñoloza, añadiendo que esperan que los diálogos con el Eln y demás grupos armados avancen.

Reducción de la carga

Nidia Hernández expresó que, debido a ese panorama, enfrentan una reducción en el volumen de la carga, a pesar de que el Ministerio de Transporte dice lo contrario.

“Pedimos que por favor revisen las cifras con lupa. Hay cosas que se están midiendo, que antes no, por ejemplo, las compañías no tenían que emitir manifiestos de carga para viajes urbanos. Hoy, deben hacerlo”, precisó la dirigente de Colfecar.

Además, destacó que las consecuencias de la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel se comenzarán a sentir desde 2025 y afectará a departamentos como Norte de Santander, porque es una de las zonas desde donde más se mueve carga a los puertos del Caribe.


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“Para nosotros, el carbón es un producto supremamente esencial, porque Colombia es un país principalmente importador –de mercancías-. Entonces, necesitamos carga suficientes de exportación para poder garantizar que los vehículos vuelvan a llegar al puerto y continuemos la cadena en un round trip”, agregó.

Hernández subrayó que es difícil calcular esa baja, porque el 50% de las empresas de transporte está en la informalidad. No obstante, dijo que dependen de cuatro sectores principales que demandan el 70% del volumen de la carga: industria, comercio, construcción y minería; y los indicadores de cada uno de ellos están estancados o en decrecimiento.

El director regional de Colfecar, reconoció la afectación que tendrán por la medida tomada por el Gobierno frente a la nación asiática y estiman que sean 5 millones de toneladas del mineral las que dejen de transportar.

“Los volúmenes de carga vienen bajando, las exportaciones también; en vez de tener reactivación económica, estamos sufriendo un golpe bastante contundente”, destacó José Peñaloza.


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Igualmente, indicó que los viajes urbanos son los mismos viajes intermunicipales, por eso han controvertido con el Mintransporte, porque “las cifras que tiene no son correctas”, al registrar esa carga como adicional.

Duros costos

La estructura de costos del sector tiene cuatro ítems principales. Uno de ellos es el ACPM o diésel, que pesa 40%. Está también el laboral, con una participación de 17,5%; en este aspecto, el salario mínimo ha crecido de manera acumulada en los últimos tres años, por lo que representa “un golpe fuerte”, según Nidia Hernández.

El tercer punto es el costo de capital. La presidenta ejecutiva de Colfecar explicó que, por ley, les toca pagar el anticipo del flete en un 70% en efectivo y el 30% restante en un máximo de 8 días. Es por eso que se apoyan en la banca, pero el Banco de la República “no ha sido tan rápido en bajar las tasas de interés”.

El cuarto ítem son los peajes, que llevan un alza de 18% en 2024 y aún falta un incremento de 4,64% este año, más la inflación que se aplicará en enero, por lo que la líder gremial aseguró que calculan un aumento anual aproximado de 30%.  A todo lo anterior hay que sumarle los costos variables: llantas, lubricantes y demás insumos importados que requieren los vehículos.

Respecto a la interrogante del por qué los conductores se quejan de que el precio del flete establecido por el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), no se cumple, manifestó que en el sector hay 50% de informalidad, por lo que solo la mitad de las empresas habilitadas por el ministerio reporta ante el RNC, herramienta a través de la cual la Superintendencia de Transporte vigila que se cumpla con ese precio.

“Claramente, hay muchos que pasan de agache y se aprovechan que la Superintendencia no tiene los recursos suficientes para poder ejercer todas las labores de control y vigilancia”, concluyó Nidia Hernández.


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