En medio de la puja que se ha desatado en Cúcuta por la accidentada intervención de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), esta semana se conoció un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo en el que le hace un llamado de atención a la Superintendencia del Subsidio, por cuenta de este tipo de medidas cautelares.
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El titular de esa entidad, Carlos Camargo Assis, manifestó, por medio de una declaración a la prensa, que hay inquietud porque a la fecha son 11 las cajas de compensación intervenidas por el Gobierno Nacional, sin que exista un debido proceso sancionatorio previo.
Además, aseguró que en este tipo de procedimientos no se está cumpliendo tampoco con el carácter estrictamente provisional y temporal que deberían tener, con el ánimo de que dichas intervenciones se limiten hasta el momento en que se cumpla con los planes de salvamento.
“Al no tener un parámetro temporal definido en la ley, vemos con preocupación cómo las medidas cautelares se vienen prorrogando de manera indefinida. De hecho, son varias las cajas intervenidas y algunas de ellas completan desde seis hasta 11 años en el proceso, como Comcaja, Comfacor, en Córdoba, y Comfamiliar, en Cartagena”, señaló Camargo.
El defensor del Pueblo hizo énfasis en un aspecto en particular que se viene dando también como parte de esas intervenciones y es que la Superintendencia termina adoptando decisiones que tienen un ánimo definitivo, como separar a los órganos de dirección de las cajas, es decir, a sus directores administrativos y miembros de los consejos directivos, “sin que conozcan los cargos que les imputarían y sin mediar un verdadero derecho a la defensa, con lo cual afectan sus derechos al trabajo y al buen nombre”.
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Este argumento de Camargo Assis es el que justamente sustentó el desvinculado director de Comfanorte, Oscar Guillermo Gerardino Astier, en la tutela que interpuso contra la medida de intervención administrativa total que sufrió la entidad desde el pasado 30 de abril y que lo dejó por fuera del cargo.
Gerardino asegura que, con la orden de intervenir la entidad y la decisión de apartarlo de la dirección administrativa, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, dignidad humana y buen nombre.
En ese sentido, pidió que además de tutelar sus derechos se tomaran medidas inmediatas, puesto que las razones que se tuvieron en cuenta para decretar la intervención atentan contra sus derechos constitucionales y “se constituye en una vía de hecho”. Un juzgado de Cúcuta le dio la razón y terminó suspendiendo la actuación de la Supersubsidio, pero él no fue reintegrado al cargo.
Lo que pide la Defensoría
Aunque en el comunicado que expidió esta semana la Defensoría del Pueblo no se hace mención específica al caso de Comfanorte, el llamado de la entidad a la Superintendencia, de una u otra forma, sí busca que también sea resuelta la situación en que se encuentra la Caja en estos momentos en que no tiene ni director administrativo, por la batalla que se libra en los despachos judiciales.
“Hago un llamado a ese ente (la Super) a revisar sus actuaciones internas para que establezca qué cajas cumplieron los planes de salvamento que motivaron las medidas cautelares, y si hay lugar a ello, que les sean devueltas a sus titulares, que son los trabajadores de Colombia”, dice el defensor.
De igual forma, insta a que sean revisadas las actuaciones de quienes fueron designados como interventores y directores en las cajas intervenidas y no han cumplido con su tarea de salvamento en los plazos fijados por la misma Supersubsidio.
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“Las medidas que se adopten deben estar enmarcadas en rangos mínimos y elementales de proporcionalidad y gradualidad en el ejercicio de potestades correctivas, desde el punto de vista constitucional, según la gravedad de los hallazgos que motivan la actuación de la autoridad administrativa, y así evitar la toma de medidas definitivas en el ejercicio de las medidas cautelares, como la desvinculación definitiva de órganos de dirección”, dice la comunicación de Carlos Camargo.
Según la Resolución 0266 del 30 de abril de 2024, mediante la cual se ordenó la nueva intervención de Comfanorte, si bien el plan de mejoramiento que se estableció en la anterior medida cautelar que se adoptó en 2021 alcanzó un 85% de cumplimiento, la alerta sobre su situación financiera y operativa persiste.
¿Qué dice la Supersubsidio?
La superintendente del Subsidio Familiar (e), Katherine Monroy, le respondió ayer al defensor del Pueblo y le recordó que esa entidad del Gobierno Nacional es la competente para inspeccionar, vigilar y controlar a cada una de las 42 cajas de compensación familiar que existen en Colombia.
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“Las medidas cautelares impuestas han sido diversas y atienden particularidades de cada una de las cajas”, aseguró la funcionaria, al destacar los casos particulares de cinco cajas: Comfamiliar Huila, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfacor, Comfamiliar Nariño y Comfaguajira.
La funcionaria dijo que la ley revistió de facultades a la Superintendencia para imponer medidas cautelares, como medidas de salvamento, y que estas responden a su naturaleza preventiva, para garantizar la protección de derechos y evitar daños que pueden ser irremediables.
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