En el siglo pasado Gerardo Vega integró una de las varias guerrillas que surgieron en Colombia reivindicando la lucha campesina por el acceso a la tierra. Ahora, en el primer gobierno de izquierda, será el encargado de distribuir millones de hectáreas entre pobres y despojados.
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De cabello y barba canos, Vega formó parte del Ejército Popular de Liberación (EPL, de inspiración maoísta) entre 1987 y 1991, año en que firmó la paz con el Estado colombiano.
El antiguo rebelde es el nuevo director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El presidente Gustavo Petro, un exguerrillero igual que él, prometió una ambiciosa reforma agraria para repartir terrenos fértiles entre campesinos "sin tierra", incluidos afros e indígenas.
Colombia es uno de los países con el reparto más desigual de la tierra, según la ONG inglesa Oxfam.
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En los años 1960, campesinos se levantaron en armas exigiendo mayor acceso, lo que desató el conflicto interno que todavía persiste y que se agravó con la entrada en combate de grupos paramilitares que lucharon contra las guerrillas y despojaron de sus fincas a miles de familias.
Con millones de desplazados por la violencia y disputas legales de por medio, Vega reconoce que hoy el Estado "no sabe quiénes son los propietarios o los ocupantes (...) del 65% del sector rural colombiano".
"Investigaciones indican (que la tierra está) en manos de sectores ilegales, (...) paramilitares, los propios agentes del Estado, la guerrilla", dice a la AFP este abogado de 62 años, a cargo de satisfacer la "necesidad enorme de que la gente tenga dónde vivir, cultivar y trabajar".
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Según datos oficiales, 39,6 de las 114 millones de hectáreas de Colombia son cultivables, aunque en la actualidad solo el 12% (5,3 millones) están siendo aprovechadas.
Diez millones de hectáreas
Aupado en buena parte por las minorías empobrecidas y las víctimas del conflicto armado, el gobierno de Petro pretende distribuir diez millones de hectáreas para cultivar.
Tres millones, dice Vega, serán para "familias, mujeres y hombres, campesinas y campesinos que no tienen tierra en Colombia o que tienen tierra de manera insuficiente para hacerla productiva".
El resto, para entregar títulos de propiedad a colonos o sus descendientes que viven desde hace años en fincas que no "están registradas ante el Estado".
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La reforma agraria propuesta por Petro hizo temer a los ricos del campo que podrían ser expropiados. El entonces candidato presidencial se vio obligado a jurar ante notario que no seguiría los pasos del chavismo en Venezuela.
Vega explica que el reparto procederá de cuatro fuentes.
Por un lado, de la ANT, que tiene un fondo para ese propósito, y de Restitución de Tierras, otra entidad oficial encargada de devolver sus propiedades a víctimas de los grupos armados. Según Vega, hay al menos 7.000 sentencias judiciales que ordenan al Estado reparar a familias despojadas.
Por otro lado, el gobierno también echará mano de las propiedades confiscadas al narcotráfico y de "recursos propios" para comprar fincas y cederlas en arriendo.
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Matarse por tierra
La llegada de Petro al poder animó a indígenas y a otros campesinos a ocupar a la fuerza predios en por lo menos diez de los 32 departamentos del país, en lo que se perfila como uno de los primeros conflictos sociales del inédito gobierno de izquierda.
En la actualidad hay 108 propiedades ocupadas, según la Defensoría del Pueblo, el organismo estatal que vela por la defensa de los derechos humanos.
Sin condenar esas acciones, Vega reconoce que "hay una gran expectativa".
El "reto" es saber "cómo hacemos que la gente no ocupe para presionar, para que la gente no llegue a la vía del hecho (...) sino que se haga de manera institucional", dice en su oficina en Bogotá.
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Tras dejar el ala política del EPL, fiel al maoísmo en sus inicios en los años 1960 y luego de inspiración marxista-leninista, Vega se instaló en el Urabá, una región bananera del noroeste de Colombia.
Cuando llegó, dice, campesinos desplazados ya tomaban a la fuerza predios de las multinacionales.
Como abogado representó a casi 6.000 de ellos mientras fue director de la ONG Forjando Futuros. En las tres décadas después de firmar la paz también fue diputado departamental y cónsul ante Bélgica y Luxemburgo.
En su cruzada por conseguir tierras para los campesinos, Vega enfrentó amenazas y estuvo en la mira de los paramilitares de Los Urabeños, que se aliaron con ganaderos, bananeros y cultivadores de palma de aceite.
"En un país que no ha desarrollado el campo la gente termina matándose por tierras y por agua, esa es la historia", apunta.
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