En el Oasis, un pequeño barrio de la ciudadela Juan Atalaya que colinda con los sectores El Desierto, Carlos Ramírez París y 28 de Febrero, hay 90 familias preocupadas, pues apenas se están enterando de que sus predios fueron cobijados con la medida de extinción de dominio y no saben por qué.
Su temor radica en que desconocen qué significa esta decisión y qué pasará con sus viviendas, que construyeron con el esfuerzo de años de trabajo.
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Los 90 predios afectados por la medida adoptada por la Fiscalía, tienen relación con el proceso penal que adelanta el ente acusador contra la Corporación Paz y Futuro, por un presunto acto de corrupción. Los terrenos de El Oasis, aparecen a nombre de esa organización, pues los afectados los invadieron hace 30 años, cuando hacían parte de un chircal y su propietario era un empresario de la arcilla.
Al hacer un recorrido por este humilde sector, compuesto por nueve manzanas atiborradas de viviendas, donde residen al menos 300 familias de bajos recursos, se nota que son más las necesidades que los lujos que puedan llegar a tener y que, al no saber con certeza en qué va a terminar ese proceso judicial, las familias afectadas piden una explicación.
“El 12 de septiembre llegó al barrio un enorme grupo de policías, cerrando las calles y tomándoles fotos a varias casas, pero jamás nos dijeron para qué era; con ellos venían unas personas con chalecos como del IGAC, después de dos o tres horas, todos se fueron y quedamos con la incertidumbre, luego vimos que por los medios salió esa información de la extinción de dominio”, comentó un líder comunal de ese humilde barrio de Cúcuta.
Agregó: “no entendemos nada de lo que está pasando. Este barrio se formó como una invasión desde 1993. En ese entonces llegamos 120 familias a quedarnos con el terreno para construir nuestras casas, esto era un chircal que pertenecía a una persona, años después apareció otro dueño y como en 2019 nos enteramos de que la Corporación Paz y Futuro era la nueva dueña. Siempre hemos intentado negociar para comprar los predios, pero no llegamos a un acuerdo y ahora que esto pasó, hemos hablado con alguien de la corporación y nos dice que no le prestemos atención a eso, que son mentiras de los medios de comunicación”.
Con la medida cautelar se afectó hasta la cancha de fútbol que está en la mitad de este sector y que, según los habitantes, es el único espacio público que tienen para el disfrute de los niños, en el que la anterior administración municipal invirtió dinero.
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¿Por qué se dio el procedimiento?
La misión de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y los investigadores de la Policía era aplicar las medidas cautelares contra bienes de los exalcaldes Donamaris Ramírez París y César Rojas Ayala, y de algunos exfuncionarios y excontratistas por la celebración indebida de contratos, como la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes ($4.695 millones) y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de 2016 ($19.434 millones) y el suscrito entre la Alcaldía y la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones.
En total, fueron afectados por esa medida 126 bienes, valorados en 46.000 millones de pesos, en Cúcuta, Tibú, Ocaña, Chinácota y Villa del Rosario.
Y precisamente, entre esos bienes que fueron ocupados por la Fiscalía están los 90 predios del barrio El Oasis, que pertenecerían a la Corporación Paz y Futuro, a pesar de que fueron invadidos.
Esta organización está implicada en el escándalo por el contrato del PAE en 2016, que llegó a los estrados judiciales. Por este caso, le imputaron cargos al exmandatario de Cúcuta Cesar Rojas Ayala, por contratar la operación de manera directa, es decir, a dedo y sin ninguna licitación, con José Antonio Manrique Torres, quien para esa fecha era el representante legal de Paz y Futuro; a Telésforo Blanco, a Lola Carvajal y demás responsables de la corporación, que hizo parte de la Unión Temporal ‘Dadle Vosotros de Comer’.
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En este proceso que adelantan las autoridades sobre el contrato del PAE, la Diócesis de Cúcuta también fue afectada, pues la Fiscalía ocupó un comedor que tendría dicha entidad.
Otro afectado por las medidas cautelares de extinción de dominio, por este contrato, fue Wilmer Omar González, quien era un proveedor de ese programa de alimentación para niños y niñas.
Juan Camilo Páez, abogado penalista experto en extinción de dominio, le explicó a La Opinión que la aplicación de la medida cautelar contra los 90 predios del barrio El Oasis implica que la Fiscalía tomó posesión de esos bienes y, a partir de ahí, nadie puede venderlos.
“Quienes viven en esos predios muy posiblemente no se encuentren registrados en Instrumentos Públicos, porque es una zona de invasión, entonces no se enteran de lo que está pasando y a quien sí le informaron de lo que está pasando es a la Corporación Paz y Futuro, entonces ahí las más afectadas son las personas que construyeron sus casas”, sostuvo el experto.
Páez aseguró que es importante dejar claro que es la SAE (Sociedad de Activos Especiales) la que recibe los predios y que dicha entidad tampoco los puede vender hasta que un juez haya declarado la extinción de dominio. “Por ahora, lo que se tiene es la medida cautelar. Esto quiere decir que no afectará el uso pacífico de las personas que construyeron sus casas en esos predios”.
Para Páez, el verdadero problema vendrá cuando al final del proceso penal, que será en por lo menos seis u ocho años, el juez diga extíngase el dominio y ahí el Estado ya es dueño de esos terrenos. “Entonces lo único que se podría hacer para no afectar a los habitantes de ese barrio es que la Alcaldía negocie con la SAE y le compre los predios, por medio de la venta anticipada. En estos momentos la SAE podría decirle a las personas que le paguen un arriendo por seguir viviendo en esos predios”.
La otra cara de la moneda
Mientras que los habitantes de El Oasis están preocupados y no entienden lo que está pasando con la aplicación de esa medida cautelar por parte de la Fiscalía, los directamente implicados por la celebración indebida de contratos ya pusieron a sus abogados a trabajar para ver cómo no pierden sus lujosos apartamentos, fincas y empresas que han montado para seguir contratando con el Estado.
El exalcalde César Rojas es uno de los implicados en este proceso judicial y la Fiscalía le ocupó dos fincas que tiene en Chinácota, extraoficialmente se conoció que los inmuebles están a nombre de él y de su esposa.
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Los investigadores que adelantaron este proceso judicial se llevaron tremenda sorpresa cuando vieron que la lujosa mansión que tenía José Manrique Torres, uno de los mayores excontratistas en el mandato de Rojas Ayala, entre 2016 y 2020, ya no aparecía a su nombre, pues se la habían traspasado a Wilmer Omar González, el mismo que fungía como proveedor de la unión temporal del PAE en 2016.
Por eso, cuando llegaron al conjunto residencial Samanes de los Trapiches y vieron la lujosa vivienda, no podían creer que el actual dueño era González, Sin embargo, como él también está dentro del proceso penal, le aplicaron la extinción de dominio.
Otro de los cuestionados contratistas del periodo de César Rojas, al que también le aplicaron medidas cautelares a varios bienes, es Carlos Alberto Salcedo Salazar. Con él, según las autoridades, la administración del exmandatario firmó un contrato, por intermedio de la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones para ofrecer 3.500 empleos.
El contrato, adjudicado a Cambari, que fue el único proponente de la licitación, en abril de 2016, tenía como objeto contratar durante seis meses los servicios de un operador que garantizara el programa de emprendimiento y generación de empleo con Equidad de Género en Cúcuta.
En junio de 2016 despegó el programa de generación de empleo con trabajadores de medio tiempo de los sectores más pobres de Cúcuta, para actividades relacionadas con mantenimiento de parques, canales de aguas lluvias, control de tránsito y recuperación del espacio público, entre otros.
Se conoció que a Carlos Salcedo le aplicaron la extinción de dominio a una lujosa finca, cuya piscina llamó la atención de las autoridades pues en el piso de la misma está plasmado el nombre Milan; un lote en Ocaña y también le aplicaron medidas cautelares a la corporación Cambari, que su sede la tiene en una casa del barrio Motilones, de la ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta.
Las autoridades también han logrado establecer que Salcedo Salazar sigue contratando con algunas administraciones como la de Tibú, por eso le están siguiendo el rastro para ver si siguió cometiendo hechos de corrupción.
Otra exfuncionaria que se vio afectada por este contrato con Cambari fue Isabel Márquez Rubio, pareja actual del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien se vio inmersa en un acto de corrupción cuando era secretaria de Equidad y Género de la Alcaldía de César Rojas.
A ella le aplicaron la medida de extinción a su casa, donde Suárez permaneció al menos un año, luego de haber sido trasladado a Cúcuta para seguir cumpliendo su condena de 27 años de prisión por homicidio, ubicada en el conjunto residencial Vegas del Río.
Otro exmandatario que no se salvó de la acción por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía fue Donamaris Ramírez París, al igual que varios de sus exsecretarios, así como excontratistas y todo por el contrato de la construcción del CDI de Cormoranes.
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Mientras que al exalcalde (2012-2015) le aplicaron la extinción de dominio a un lote, a Irly Sandoval, la Fiscalía le ocupó una casa en un condominio por el Anillo Vial Oriental.
Otro exfuncionario cuyos bienes fueron cobijados por la medida es Oswaldo Grajales Rosas, a quien le ocuparon una finca de 35 hectáreas en Tibú. Esta persona ocupó el cargo de secretario de Infraestructura Municipal durante el mandato de Donamaris Ramírez.
A los representantes legales de la Unión Temporal CDI y director de obra, Jhon Maldonado Peñaranda y César Martínez Álvarez, las autoridades también les embargaron dos apartamentos que tienen, cada uno de ellos, en un edificio ubicado en Barrio Blanco.
Además, la Fiscalía también decidió afectar la propiedad de los bienes de los responsables de la interventoría del CDI. A Felipe Andrés Gómez Sánchez le embargaron un inmueble en Ocaña, mientras que a Germán Colmenares Rojas le ocuparon un apartamento en el barrio Guaimaral.
La Opinión conoció que la Fiscalía y unidades de la Dijín ya están trabajando en la segunda fase de esta operación, porque aún faltan otros exfuncionarios y excontratistas para que paguen penalmente por la celebración indebida de contratos durante las administraciones de Donamaris Ramírez y César Rojas.
