El Índice Mundial de Interferencia de la Industria Tabacalera 2020, recientemente publicado, evidencia que Colombia tiene un lamentable primer puesto en materia de la interferencia de la industria tabacalera en el diseño e implementación de políticas de salud pública.

El país obtuvo 77 puntos de 100 posibles (a mayor puntuación, mayor interferencia) y se ubica en el puesto 51 de 57 países evaluados a nivel mundial (más alto indica mayor interferencia).

Colombia está en el primer lugar entre Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay.

Este reporte es el primero de su naturaleza en la región y fue coordinado por Corporate Accountability y el Programa STOP, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de los nueve países involucrados. El capítulo colombiano lo elaboró Red PaPaz.

De acuerdo con los resultados, en lo que respecta al nivel de participación de la industria tabacalera en el desarrollo de políticas para el control del tabaco, Colombia obtuvo 15 puntos, el puntaje más alto de la región. 

El reporte evidencia que en Colombia, Chile y Perú no hay una regulación que prohíba la participación de esta industria en la discusión de políticas de salud pública relacionadas con el control del tabaco.

En referencia a los beneficios que recibe la industria tabacalera, Colombia ocupó el séptimo lugar en Latinoamérica. El informe indica que la industria se beneficia de incentivos fiscales, concesiones fiscales o acuerdos comerciales. 

De otra parte, en más de una oportunidad, el lobby de la industria ha llevado a posponer la aprobación de leyes o la implementación de las medidas de control de tabaco.

Otro de los hallazgos apunta a la falta de transparencia en la interacción del Estado con la industria. En esta categoría, el país ocupó el último lugar de la región, lo que indica una mayor interacción del Gobierno con la industria tabacalera; así como una ausencia de regulaciones que gobiernen las reuniones con la industria tabacalera.

Con relación a la categoría de la participación de funcionarios de gobierno retirados trabajando para la industria tabacalera, este Índice Regional de Interferencia analizó dos indicadores: si los funcionarios actuales o retirados tienen relaciones con la industria tabacalera y si los gobiernos contaban con una política que rechazaba las contribuciones a las campañas electorales. En la región, Colombia obtuvo el sexto lugar con 9 puntos. 

A pesar de los alarmantes resultados, la nación aún no ha adoptado normas que desarrollen el artículo 5.3 del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se estipula que, al momento de establecer políticas de salud pública relativas al control del tabaco, se protegerán estas políticas y no los intereses de la industria, dificultando los esfuerzos para hacer frente a la interferencia de la industria tabacalera. 

Adicionalmente, este artículo prohíbe a los Estados conceder incentivos, privilegios o ventajas a este sector; sin embargo, la industria tabacalera continúa implementando estrategias para eludir regulaciones de consumo y exposición a los productos de tabaco. 

En Colombia, la interferencia de esta industria y de las entidades que defienden sus intereses, impidió que se avanzara en la imposición de medidas de control de tabaco, como la ampliación de las advertencias de salud y el incremento de los impuestos al consumo de estos productos.

Pese a que el Convenio Marco de la OMS dispone que los Estados únicamente deben interactuar con la industria tabacalera cuando sea estrictamente necesario y para hacer posible una regulación eficaz de la industria y de los productos de tabaco de forma transparente al público; funcionarios del gobierno del país han participado en eventos patrocinados por la industria tabacalera.

De otra parte, no se puede perder de vista la puerta giratoria entre funcionarios del Estado y la industria tabacalera, que es palpable en Colombia, donde se advierten movimientos relevantes de la industria hacia el Gobierno y de Gobierno hacia la industria. 

Para Red PaPaz, es hora de que en Colombia se cumplan las normas para impedir que la industria interfiera en las políticas de salud pública, la nicotina afecta el desarrollo del cerebro, es adictiva y aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares y es especialmente riesgosa para niñas, niños y adolescentes.

Según Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la organización, este primer puesto prende las alarmas y muestra que “estamos rezagados en la transparencia y eficacia de las acciones para proteger a Colombia del nocivo efecto del consumo e tabaco”. 

“Ahora que la nicótica se disfraza de atractivas maneras y pone en riesgo a las nuevas generaciones es cuando más debe nuestro país asegurar que cumplimos a cabalidad el Convenio Marco Control Tabaco”, concluyó. 

Con información de Red PaPaz