Duras críticas se escuchan por estos días en Cúcuta y Norte de Santander por las condiciones en que vienen trabajando muchos de los médicos que están en la primera línea de atención de la COVID-19.

El médico anestesiólogo e intensivista Arturo Arias, miembro de la Fundación Humanizando las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), fue uno de los más incisivos al señalar que la corrupción tiene permeado el sistema de salud colombiano.

“Para nadie es un secreto que hay senadores que manejan nóminas paralelas de los hospitales públicos, todo, patrocinado por la sociedad civil de la corrupción”.

El profesional de la salud relacionó que “cuando un enfermo estrato 1, 2 o 3 llega a un servicio público de salud va a sufrir las consecuencias de que el estado no ha invertido 250 millones de dólares para la salud pública, que es un derecho fundamental, porque todo se lo roban y no queda dinero para invertir en infraestructura”.

En conclusión –aseguró- “la primera línea que atiende la COVID-19 es carne de cañón devastada, completamente herida en guerra, de una guerra molecular que no vemos, porque a nadie le importa, porque se ha perdido la dignidad y la humanización de la medicina en todos los niveles, y lo que sí importa es el vil dinero corrupto que entra fácil por cualquier motivo, esto es lo que está pasando no solo aquí en Cúcuta sino en Colombia. Al que le caiga el guante que se lo chante”, agregó el profesional de la salud. 

Un médico de primera línea debe ser bien pago, igual la terapeuta, igual la enfermera, “y esa plata de dónde sale, pues de la que no se roben”, dijo Arias.

“Esta sociedad rica en corrupción cree que con montar 300 camas chinas (UCI) es suficiente; y 300 ventiladores, que son inservibles y peligrosos para la salud, según el Ministerio de Salud, va a sufrir las consecuencias de una alta mortalidad y una alta comorbilidad porque se le olvidó lo más importante del sistema de salud: el talento humano, que no hay en la provincia, y no lo hay, porque nuestras universidades locales no tienen investigación de alto nivel”, acotó el galeno.

Está pasando, dice Arias, que muchos de los que hoy están en primera línea de atención de COVID-19 no tiene la suficiente formación en cuidados intensivos para enfrentar el terrible virus.

El profesional precisó que un médico, que puede ser hasta epidemiólogo, está haciendo cuidados intensivos y, según él, no hay intensivistas dirigiendo toda una infraestructura porque es imposible que un intensivista maneje 300 camas.

“Al sistema de salud público corrupto le da igual con montar un parapeto que parezca un médico o una enfermera formada, o una terapeuta bien formada en ventilación mecánica, ellos creen  que están cumpliendo y lo que están haciendo es estafar al pueblo, lo anterior sin contar que están suministrando medicamentos falsos y de mala calidad.

Y hay gente sin entrenamiento en neurocrítico, porque la COVID se está comportando como una enfermedad neurocrítica y como una enfermedad inmunológicamente”, añadió Arias.

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Arturo Arias

El médico anestesiólogo denunció que “están mandando a los pobre muchachos (médicos) a la primera línea, en condiciones infrahumanas, sin seguridad industrial ni seguridad biológica, ya que finalmente un hospital es una industria”.

El especialista reclamó por la muerte del médico Roberto Claro: “cómo es posible que el doctor Roberto Claro haya muerto. Él no debió estar en un hospital público en la primera línea, porque sabíamos que iba a morir. Cuando un médico de este talante se enferma no puede estar hospitalizado en un hospital público, la ARL debe contratar un avión y ponerlo en Bogotá”.

Arias también aseguró que los elementos de bioseguridad que se están poniendo los médicos son de mala calidad. “Eso no le importa a nadie, porque además a las ARL lo que le importa es que la gente se muera. Aquí, cuando los médicos se enferman tienen que suplicarle a la ARL que los proteja en su bien fundamental de la integridad física. Los médicos y enfermeras de primera línea son el valor humano más importante de esta sociedad, hacia ellos debe estar el enfoque de la salud pública”, concluyó el especialista en cuidados intensivos.

A su turno, el presidente del Sindicato de la Salud de Norte de Santander, Arístides Hernández, coincidió con Arias al afirmar que el personal de la salud de la primera línea está desamparado. 
“Desde un comienzo nosotros reclamamos elementos de bioseguridad de primera calidad para hacer frente a la pandemia, pero no hemos sido escuchados”, señaló Hernández. 

El sindicalista precisó que en el departamento se ha venido negando el tapaboca N-95. Llamó la atención en que la enfermedad viene con pacientes asintomáticos y ello es mucho más peligroso para los médicos que están en la primera línea y sin protección adecuada.

Hernández aseguró que quienes hoy cuentan con estos elementos es porque los han comprado de su propio bolsillo. Dijo que entre las necesidades apremiantes que existen en el gremio de la medicina están el que dignifique su trabajo, que la remuneración sea buena y que haya garantías laborales, equipos y trato digno.

El presidente del sindicato de la salud de Norte de Santander relató el caso del doctor Ever Camacho, el último médico muerto por COVID-19 en Cúcuta, a quien “se atendió primero en la  unidad básica de Comuneros, luego fue trasladado a la clínica San José, de aquí fue remitido a las carpas del hospital Erasmo Meoz, y de allí los mismos médicos amigos de él hicieron recolecta y lo pasaron para la clínica Norte, pero la ARL le negó los medicamentos y en esa espera de ser trasladado a un centro de alta especialización para que recibiera terapia ECMO, murió”.

En un comunicado, la ARL Positiva reseñó que “tan pronto recibimos la solicitud iniciamos la expedición de las autorizaciones correspondientes, tanto de hospitalización en unidad de cuidados intensivos, como el traslado a otra institución dentro de la ciudad de Cúcuta; la realización de procedimientos quirúrgicos y en el caso de la terapia Ecmo. Recurrimos a 11 instituciones hospitalarias del país para remitirlo sin obtener respuestas afirmativas, ya sea porque no disponían de cupo o porque el paciente no cumplía criterios para realizar el tratamiento de terapia ECMO”, mencionó la ARL en el documento.

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