La pretensión del Gobierno de controlarlo todo se extendió esta semana a la Cámara de Comercio de Bogotá en donde, contra viento y marea, el propio presidente Petro impuso al polémico doctor Ovidio Claros como director de la entidad. Lo mismo terminará ocurriendo en las demás cámaras de comercio del país, que son y han sido siempre espacios de acción y expresión del sector privado. Similar estrategia hemos visto desplegarse desde la Presidencia de la República en torno a los gremios de la producción. Aun cuando la mayoría se han resistido a esta intervención, otros han preferido ir por el fácil y cortoplacista camino de sacrificar su independencia en aras de mantener la comunicación con el Gobierno. Muy deplorable y costosa decisión.
Y como si fuera poco, ahora van por las cajas de compensación familiar, otro bastión del sector privado, que ha contribuido como pocos a mejorar la calidad de vida de los colombianos en temas tan sensibles como la salud, la educación, la recreación y la vivienda. A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado, nada que pueda oler a iniciativa privada.
Al frente de esta guerra declarada contra las cajas se encuentra el muy oscuro superintendente de Subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Lo avalan para el cargo su militancia política en el Polo Democrático, su activismo relacionado con la organización FER-Sinpermiso, una vida dedicada a demandar al Estado colombiano y múltiples denuncias en su contra.
Posesionado como Superintendente en septiembre del año pasado, muy rápidamente inició su accionar de intervenciones y tomas de control por toda la geografía nacional. Por su relacionamiento con el Mais, una de las primeras cajas que intervino fue la de La Guajira, Comfaguajira. Se afirma que la razón última fue favorecer a Martha Peralta. Siguió con Comfamiliar Huila, en octubre; Cafaba, en enero; Confiar Arauca, en marzo y extendió las intervenciones a Comfacor, Comfamiliar Cartagena y Comcaja.
La última de sus intervenciones y quizás la más polémica fue la de Comfenalco Antioquia, el 15 septiembre pasado. Se trata de la sexta caja más grande del país, con ingresos anuales equivalentes a 602.000 millones de pesos en 2022. Es una intervención sin fundamento y desproporcionada, pues los estados financieros de la entidad revelan la buena salud de la caja con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios. El hecho que da origen a la medida de intervención total para administrar la caja es una “falta de certeza” que le asiste a la Superintendencia de si cerca de 10.000 millones se encuentran a buen recaudo en la fiduciaria Credicorp S.A. Esto no se lo cree nadie. La realidad de la intervención está más bien relacionada con la toma hostil que el presidente Petro ha pretendido hacer de la Nueva EPS, uno de cuyos accionistas es precisamente Comfenalco Antioquia.
Por este camino también están en la lista de potenciales intervenciones Comfandi y Comfenalco Valle e incluso Compensar. Su pecado: ser parte de la Nueva EPS.
Grandes riesgos enfrentan las cajas de compensación bajo la vigilancia del señor Pérez Casas. El primero, ser utilizadas como caja menor para fines electorales. Como ya son 14 cajas las intervenidas, ello ameritaría una alarma ante la Misión de Observación Electoral (MOE). El segundo riesgo es la liquidación de cajas existentes para ser reemplazadas por nuevas cajas únicas por departamentos y el tercero y más grave es la pérdida para los trabajadores de la titularidad de estos recursos reconocidos por la Corte Constitucional como patrimonio de bienestar de los colombianos. Y pensar que todo este desmadre se justifica a ojos del Gobierno para tomarse por asalto la Nueva EPS y nombrar como presidenta a la señora Corcho.
Esta semana se reúnen las Cajas de Compensación Familiar en Barranquilla para su congreso anual. Buen escenario para debatir todo lo ocurrido en el sector y los peligros que se ciernen contra unas de las instituciones más reconocidas y queridas por los colombianos.
