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“El propietario de las armas es Jonathan o el Caleño, quien contrató a
Yorman, Rubén y a mí para transportarlas hasta la entrada de Los
Peracos. Por ello, nos estaba pagando a cada uno $2 millones”, señaló
Ronald Antonio Lindarte Pardo en su declaración días después de ser
capturado y recientemente condenado a 11 años de prisión.~
“El propietario de las armas es Jonathan o el Caleño, quien contrató a Yorman, Rubén y a mí para transportarlas hasta la entrada de Los Peracos. Por ello, nos estaba pagando a cada uno $2 millones”, señaló Ronald Antonio Lindarte Pardo en su declaración días después de ser capturado y recientemente condenado a 11 años de prisión.
Con su confesión Ronald Antonio, de 21 años, conocido como Piolín, dejó clara su participación y la de otros tres hombres y una mujer en el transporte de cuatro subametralladoras, un fusil, una granada, un silenciador y cerca de 120 cartuchos a bordo de un taxi en el que se desplazaban por la vía a Puerto Santander.
Piolín fue aprehendido el 10 de abril de 2014 junto a Yorman Javier Lázaro Pacheco, de 26 años, el Flaco; Édgar Trigos Sanguino, de 32; Rubén Riveros Albarracín, de 32, Saya, y Diana Nathalia Rodríguez Contreras, de 18.
El movimiento de los cuatro hombres y la mujer fue delatado por informantes a unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que dispusieron de un operativo para darles captura. Todos fueron señalados como integrantes de la banda delincuencial de los Rastrojos y Piolín como comandante de dicha organización en el sector de El Cerrito, corregimiento de San Faustino.
Tras ser interceptado el taxi, los ocupantes fueron obligados a descender del automotor hallando las armas escondidas debajo de los asientos y en los bolsillos de los espaldares.
Al día siguiente, Piolín y sus secuaces fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal que legalizó sus capturas y recibieron medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra.
La Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado.
Aunque ninguno de los procesados se allanó a los cargos, por el hecho de ser detenidos en flagrancia, sumado a las contundentes pruebas en su contra, Piolín y Yorman Javier prefirieron llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
El acuerdo consistió en aceptar los cargos a cambio de eliminar el agravante del delito y recibir una rebaja en la pena. Por esta vía, se acogieron a sentencia anticipada y evitaron ir a un juicio, que de ser hallados responsables podrían enfrentar una pena aún mayor sin beneficios.
Dicho preacuerdo, fue aceptado por un juzgado de Cúcuta que los condenó por el mismo tiempo en prisión, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.
“Se trata de una acción lesiva de orden legal que atentó contra el bien jurídico de la seguridad pública, sin que se evidencie que concurrió alguna causal eximente de responsabilidad, así lo acordaron los acusados con la Fiscalía al declararse culpables”, señala la sentencia condenatoria.
Tanto la propiedad como la procedencia, destino o utilización de las armas no fue materia de debate probatorio.
“El propietario de las armas es Jonathan o el Caleño, quien contrató a
Yorman, Rubén y a mí para transportarlas hasta la entrada de Los
Peracos. Por ello, nos estaba pagando a cada uno $2 millones”, señaló
Ronald Antonio Lindarte Pardo en su declaración días después de ser
capturado y recientemente condenado a 11 años de prisión.~
“El propietario de las armas es Jonathan o el Caleño, quien contrató a Yorman, Rubén y a mí para transportarlas hasta la entrada de Los Peracos. Por ello, nos estaba pagando a cada uno $2 millones”, señaló Ronald Antonio Lindarte Pardo en su declaración días después de ser capturado y recientemente condenado a 11 años de prisión.Con su confesión Ronald Antonio, de 21 años, conocido como Piolín, dejó clara su participación y la de otros tres hombres y una mujer en el transporte de cuatro subametralladoras, un fusil, una granada, un silenciador y cerca de 120 cartuchos a bordo de un taxi en el que se desplazaban por la vía a Puerto Santander.
Piolín fue aprehendido el 10 de abril de 2014 junto a Yorman Javier Lázaro Pacheco, de 26 años, el Flaco; Édgar Trigos Sanguino, de 32; Rubén Riveros Albarracín, de 32, Saya, y Diana Nathalia Rodríguez Contreras, de 18.
El movimiento de los cuatro hombres y la mujer fue delatado por informantes a unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que dispusieron de un operativo para darles captura. Todos fueron señalados como integrantes de la banda delincuencial de los Rastrojos y Piolín como comandante de dicha organización en el sector de El Cerrito, corregimiento de San Faustino.
Tras ser interceptado el taxi, los ocupantes fueron obligados a descender del automotor hallando las armas escondidas debajo de los asientos y en los bolsillos de los espaldares.
Al día siguiente, Piolín y sus secuaces fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal que legalizó sus capturas y recibieron medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra.
La Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado.
Preacuerdo
Aunque ninguno de los procesados se allanó a los cargos, por el hecho de ser detenidos en flagrancia, sumado a las contundentes pruebas en su contra, Piolín y Yorman Javier prefirieron llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
El acuerdo consistió en aceptar los cargos a cambio de eliminar el agravante del delito y recibir una rebaja en la pena. Por esta vía, se acogieron a sentencia anticipada y evitaron ir a un juicio, que de ser hallados responsables podrían enfrentar una pena aún mayor sin beneficios.
Dicho preacuerdo, fue aceptado por un juzgado de Cúcuta que los condenó por el mismo tiempo en prisión, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.
“Se trata de una acción lesiva de orden legal que atentó contra el bien jurídico de la seguridad pública, sin que se evidencie que concurrió alguna causal eximente de responsabilidad, así lo acordaron los acusados con la Fiscalía al declararse culpables”, señala la sentencia condenatoria.
Tanto la propiedad como la procedencia, destino o utilización de las armas no fue materia de debate probatorio.
