Colombia es un Estado Social de Derecho donde, como lo señala el profesor Manuel Quinche, “a diferencia del Estado liberal clásico, no se limita a reconocer derechos a los individuos, sino que además fundamenta su legitimidad en la eficacia, en la protección y en el otorgamiento efectivo de los mismos”, en el cual los derechos son “beneficios que de manera imperativa deben ser otorgados a los titulares”. 

Esto quiere decir que, en este tipo de Estado, la Constitución no tiene un papel secundario, es ley de leyes, por lo que ninguna normativa que se expida puede contradecirla. 

De esta manera, la Corte Constitucional -sentencia C-221 de 1994- desarrollando los derechos a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, despenalizó el consumo de la dosis personal. 

Así, el alto tribunal aduciendo el carácter libertario y democrático de nuestra Carta, señaló que, en caso del primero, el estado no puede obligar a nadie a que cuide o recupere su salud y mucho menos a recibir un tratamiento en contra de su voluntad. 

Sobre el segundo punto, mencionó que cada persona es libre y autónoma, es decir que puede elegir su forma de vida, siempre y cuando no interfiera en la autonomía de otras personas. 

Por estos motivos, decidió que el consumo de drogas no se puede penalizar y más bien, llamó la atención a que esto debe solucionarse con mejor educación. 

La semana pasada el Presidente Iván Duque Márquez, anunció que se le iba a dar facultades a la policía para decomisar cualquier tipo de sustancia y que para que esta no fuera incautada, el portador debería demostrar que es adicto. 

Además de inconstitucional, desconoce una Ley de mi autoría -1566 de 2012- donde por primera vez en Latinoamérica se reconoce el consumo de sustancias como un asunto de salud pública. 

Lo anterior significa que el consumidor o el adicto no pueden ser señalados como delincuentes, sino que en el caso de la persona que sufra de consumo problemático puede acceder al sistema de salud y ser tratado. 

Por estos motivos, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que no promulgue un Decreto cuyos efectos son más políticos que jurídicos. 

El bienestar de miles de personas, entre ellos menores de edad, está en juego. Abordemos el problema como debe ser, basándonos en la evidencia y no en el mito. (Colprensa)